El informe del Ministerio de Defensa avala la instalación en Ferrol de la fábrica de coches de SAIC
ECONOMÍA
El documento, trasladado por la ministra Margarita Robles a Alfonso Rueda, es favorable a la factoría, frente a las dudas que habían alentado algunas fuentes vinculadas al sector militar, con los mismos condicionantes que se exigen a otras compañías
11 ago 2026 . Actualizado a las 21:06 h.El Ministerio de Defensa ha emitido ya el informe favorable a la instalación en el puerto exterior de Ferrol de la planta de coches de la china SAIC (fabricante de MG), que supondrá una inversión de unos 200 millones de euros en la zona y la creación de un millar de empleos directos cuando la factoría esté operativa. El documento no pone objeciones al proyecto más allá de los condicionantes de operatividad que se exigen a otras compañías en áreas cercanas a instalaciones militares, como informar de entradas y salidas de buques o de diferentes pruebas o las restricciones al uso de drones, entre otras.
La existencia de este informe positivo se la trasladó ayer mismo la ministra de Defensa, Margarita Robles, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para zanjar las dudas que desde algunas fuentes, vinculadas al ámbito de la Defensa, habían cuestionado el proyecto esta semana. Aseguraban que había alertas tanto del ministerio como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por la instalación de esta factoría a pocos kilómetros tanto del Arsenal de Ferrol como del astillero de Navantia por potenciales riesgos de espionaje que no se concretaban. Robles y Rueda ya habían abordado este mismo asunto sobre la seguridad del proyecto en conversaciones en semanas anteriores, sin que se advirtieran tampoco riesgos significativos.
La decisión de Defensa rompe la campaña iniciada desde algunos ámbitos militares y va en línea con lo avanzado la víspera por el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, que tras la publicación de dos informaciones coincidentes en El País y El Mundo sobre las supuestas reticencias que generaba en el seno de las Fuerzas Armadas, ya dejó claro que el proyecto en Galicia no condicionaba la seguridad nacional, aunque abriendo la puerta a que, tras la evaluación, se pudiera solicitar alguna medida adicional, a la que se presta la propia SAIC, cuyo capital está en su mayoría (concretamente el 75 %) en manos del Estado chino. Este documento de Defensa es preceptivo, pero no el único que tiene que tener el Consejo de Ministros para abordar la autorización de la factoría para vehículos de la marca MG.
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Al tratarse de una inversión extranjera directa que afecta a una instalación crítica, como es el puerto de Ferrol (que pertenece a la red de dársenas de interés general del Estado), el proyecto de la multinacional asiática debe contar con el plácet expreso del Gobierno. Tras la trasposición de un reglamento comunitario aprobado en el 2019, España ha establecido la obligación de obtener autorización administrativa previa para una serie de inversiones foráneas que, por sus características, se considere que afectan al orden público, la seguridad pública o a la salud pública. Están sometidos a este régimen los proyectos impulsados por inversores de países no comunitarios que pasen a controlar una participación igual o superior al 10 % de una sociedad española, cuando su iniciativa empresarial afecte a «infraestructuras críticas, tecnologías críticas y de doble uso, suministro de insumos fundamentales, sectores con acceso a información sensible y medios de comunicación».
También se requiere autorización previa cuando el inversor extranjero «esté controlado directa o indirectamente por el gobierno de un tercer país o se constate que existe un riesgo grave de que ejerza actividades delictivas o ilegales, que afecten a la seguridad pública, orden público o salud pública en España».
Solo quedarían exentas del trámite las operaciones que involucren a empresas españolas con una facturación inferior a los cinco millones de euros, salvo que estas operen en el sector energético, el de las comunicaciones o el de las materias primas.
El papel de Bruselas
Por su parte, pese a que las informaciones de los últimos días aludían a presuntas críticas de los socios europeos y de la OTAN por la instalación de una fábrica china en las inmediaciones de recintos militares y de industrias vinculadas a la defensa, la Comisión Europea se desentendió de la polémica y señaló ayer que corresponde a España verificar los posibles riesgos del proyecto.
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Desde el Ejecutivo comunitario recordaron que, de forma general, los Estados miembros «son responsables de evaluar en última instancia si una operación específica amenaza la seguridad o el orden público». La portavoz comunitaria Arianna Podestà subrayó que si las autoridades nacionales lo consideran necesario, «pueden sugerir las medidas adecuadas para mitigar esos riesgos», como ya había sugerido la víspera el ministro López.
Desde Bruselas recordaron que el régimen de control de las inversiones no debe «reducir la apertura de la UE a estas inversiones extranjeras directas en general ni restringir las actividades de los inversores extranjeros en la UE, que son, por supuesto, bienvenidos».