No se puede decir ni más alto ni más claro. Manuel Martínez Barros desapareció hace un año, dejando tras de sí una deuda acumulada de 30,5 millones de euros y, en Tomiño, medio centenar de trabajadores que custodian sus bienes pero que aún no han recibido ni un euro de las indemnizaciones que el juzgado de lo Social ya les reconoció por despido improcedente y cantidades.
La de ayer fue una jornada para hacer balance y el resultado es negativo. Un centenar de personas (entre ex trabajadores, familiares y miembros de la CIG, que ejerce la defensa del colectivo), se concentró ante la nave central del grupo, en Tebra. El mismo escenario, la misma fecha, doce meses después.
Una gran pancarta presidía la concentración y recogía el sentir del colectivo: «Un ano despois seguimos sen cobrar, Administración, culpable». Tras ella, la mayoría de los ex 56 trabajadores que, doce meses antes, recibían allí mismo la inesperada carta de despido «por cierre de la empresa. Otras tantas historias personales a espera, no de un final feliz, pero sí de «un desenlace lo más justo y rápido posible».
No sólo no han recibido indemnización alguna sino que han capeado la crisis a caballo entre contratos temporales que a algunos le han costado el regreso a los tribunales. A día de hoy (por ayer), explicaba Serafín Fernández, portavoz de la CIG, «de los cuarenta que consiguieron recolocarse tras el cierre de Marbar, cerca de la mitad vuelven a estar en el paro».
Todos tienen como objetivo conseguir empleo pero también el cobrar cuanto antes sus indeminaciones; algo que se ha convertido en otro «reto», ante la «falta de agilidad de la administración» que el colectivo denuncia y que dificulta aún más el afrontar su realidad.
La CIG confirmó ayer que ya han iniciado las gestiones ante el Mercantil, donde se tramita el concurso que fijará el reparto de los activos de la sociedad entre los acreedores. Hasta ahora solo fueron contactos telefónicos pero el sindicato solicitará ahora formalmente que se agilicen los trámites y que «se separe al colectivo de trabajadores del resto de los acreedores para que, como mínimo, puedan recibir el dinero del Fondo de Garantía Social».
Los portavoces sindicales recordaron que, «un ano despois non todo segue igual pero sí o resultado, porque aínda non se cobrou e non se sabe cando acabará o proceso». Desde la CIG se valoró también la actuación de los trabajadores, «un colectivo que, a pesar de non ter experiencia sindical anterior, estivo á altura das circunstancias, sempre unidos e facendo guardias os 365 días».
El sindicato urgió la involucración de la Subdelegación del Gobierno en la custodia de los bienes que, hasta la fecha, siguen afrontando en solitario los ex trabajadores pese a que los bienes se repartirán entre todos los acreedores que se presentaron al concurso. La CIG denunció que esta labor «correspóndelle á administración».
Un año después, el sindicato considera que la actitud de los ex trabajadores «foi exemplar» y el caso Marbar, «a espita do que podía ser a crise que agora se está a vivir».