José Diéguez relata en el Boletín del Obispado el proceso seguido por el gobierno de Franco para realizar las inscripciones de los «caídos». Señala que fue un decreto de 1938 y una orden ministerial de 1939 los que establecieron que en cada parroquia figurara una inscripción «que contenga los nombres de los caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista».
Continúa manifestando el obispo que la Iglesia protestó en su momento por esta imposición. «El Vaticano, en una nota de la Secretaría de Estado del 5 de junio de 1940, se queja ante el gobierno español de que las autoridades coartan la libertad e independencia eclesiástica al forzar de manera unilateral que se fijen las listas de caídos en las fachadas de las iglesias», dice José Diéguez.
En la nota, el titular de la Diócesis Tui-Vigo recuerda que la ley señala que son las administraciones públicas las que deben retirar los símbolos.