El juzgado de Instrucción número 3 de Vigo prosigue la investigación de la denuncia por prevaricación contra el alcalde vigues y la concejala de Urbanismo por la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal presentada semanas atrás por la Asociación de Promotores Inmobiliarios. Tras la ratificación de la denuncia por parte de su presidente sigue adelante el expediente judicial, en el que presumiblemente deberán prestar declaración Abel Caballero y Carmela Silva.
Carlos González Armada se reiteró en el contenido de la denuncia, en el sentido de que los máximos responsables del urbanismo vigués incurrieron en «presunta prevaricación al existir una actuación irregular». En concreto, aluden a la celebración del pleno de aprobación a puerta cerrada y también en que han realizado cambios en el documento «para satisfacer una postura personal de ambos de la que obtener réditos de popularidad y políticos que, a la larga, también les reportará, presuntamente, beneficios económicos».
El cambio en el porcentaje de vivienda protegida se realizó en la fase final de elaboración del Plan Xeral sin que después se haya expuesto al público.