?os autos judiciales emitidos recientemente por el TSXG han confirmado que el plan general de Gondomar carece de validez, a raíz de un contencioso administrativo interpuesto por la Xunta. El primero data del 21 de noviembre del año pasado y en el mismo se suspende el acuerdo plenario de mayo del 2005, por el cual la corporación había intentado corregir el plan general anulado por el Tribunal Supremo. El segundo auto es del pasado día diez de este mes y desestima el recurso de súplica interpuesto por el Ayuntamiento contra el auto anterior. La ejecutiva local socialista ofreció ayer una rueda de prensa para asegurar que, conforme a estas dos últimas resoluciones judiciales, el planeamiento urbanístico de Gondomar carece de validez. Mientras tanto el alcalde, Carlos Silva Mariño, afirmó que el plan general sigue vigente, puesto que han presentado un recurso de casación contra el segundo auto del TSXG. Mientras no hayan agotado las vías legales, el gobierno municipal continuará otorgando licencias urbanísticas. Para el secretario general del PSOE de Gondomar, Alfonso de Lis Fiuza, esta actitud es «una huida hacia adelante que les va a colocar en un abismo sin retorno» y pidió al alcalde y al edil de Urbanismo que presenten su dimisión si no son capaces de normalizar la situación urbanística en el Concello. De Lis criticó que el gobierno municipal está actualmente otorgando licencias con informes técnicos desfavorables. Historia El TSXG anuló en noviembre de 2001 el acuerdo plenario por el cual la corporación aprobó definitivamente el plan general con los votos del PP y del BNG. Esta sentencia fue confirmada el 22 de febrero del año pasado por el Tribunal Supremo. En mayo, el pleno acordó ejecutar dicha sentencia incorporando al plan general nuevos documentos en sustitución de los que sustentaron la anulación. La Consellería de Política Territorial, aún en manos del PP, no admitió la solución de los regidores locales de su mismo partido y dio un plazo de un mes para que procediese a declarar la nulidad del documento. Lejos de dar marcha atrás, el 24 de junio del año pasado, el Concello contestó a la Xunta el rechazo a dicho requerimiento. La Xunta de Galicia presentó entonces un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo plenario de mayo y el TSXG le da la razón.