Uno de los males comúnmente aceptados de la Administración de Justicia es la lentitud. Sin embargo, este problema no es exclusivo de dicho poder del Estado. La prueba palpable la ofreció ayer el concejal de Urbanismo, el popular José Manuel Figueroa. Según explicó el número dos del gobierno vigués, en ese momento no tenía conocimiento de la decisión del Tribunal Superior de Xustiza. Lo sorprendente es que el alto tribunal envió a finales de enero la comunicación al Concello, que tiene registro de entrada en la sede municipal del 28 de enero. En cualquier caso, al no conocer su contenido, al menos oficialmente, Figueroa repitió la respuesta de los dirigentes municipales en casos similares: cuando llegue la notificación a sus manos la estudiarán y pedirán un informe a los asesores jurídicos del Concello. En función del informe de sus abogados el gobierno municipal adoptará la decisión que considere más adecuada para los intereses de la colectividad. Así gana tiempo pero el tribunal pidió a la alcaldesa informes mensuales sobre la ejecución del derribo. Retrasos En estos momentos la preocupación del Concello vigués, como ha quedado en evidencia a lo largo de los últimos cinco años, es anular la sentencia de derribo del Supremo o, en caso de no lograrlo, encadenar un retraso temporal tras otro. El éxito ha sido completo en este aspecto ya que una sentencia firme sigue pendiente de ejecución. Pese a que en sus inicios hubo discrepancias políticas, ahora todos los grupos políticos se manifiestan contrarios a la demolición. Esta postura se hace especialmente patente cuando cada uno de ellos ocupa la alcaldía. En este sentido, la sentencia del Supremo llegó al Concello en un momento en que ocupaba la alcaldía el nacionalista Lois Castrillo. De inmediato comprendió su gravedad y trató de evitar la demolición. Lo llamativo en este caso es que fue el Bloque el que había impedido al alcalde socialista Carlos Príncipe, con el que gobernaba en coalición, defender la licencia ante el Tribunal Superior que después ordenó el el derribo el inmueble. Después de Castrillo se han sucedido en la alcaldía el socialista Pérez Mariño y Corina Porro. En ambos casos su preocupación es evitar el pago de una indemnización a más de un centenar de familias, cuyo coste podría alcanzar, o incluso superar, los treinta millones de euros. Para eliminar esta espada de Damocles que pende sobre las arcas municipales se confía en una legalización que sólo puede venir de la mano del nuevo plan de urbanismo pendiente de entrar en vigor.