Sanidade no notifica qué funerarias recogen fallecidos en los hospitales Xeral y Meixoeiro La Administración autonómica ignora la ordenanza municipal y sólo las empresas de O Morrazo y O Val Miñor reciben multas
09 feb 2005 . Actualizado a las 06:00 h.?l Concello de Vigo y la Xunta de Galicia, pese a estar gobernados por el mismo partido, mantienen políticas bien distintas respecto a los servicios funerarios. Mientras el gobierno municipal del PP sigue aplicando una restrictiva ordenanza municipal y sanciona a las empresas de otros municipios que recogen fallecidos en la ciudad, la Consellería de Sanidade defiende la liberalización y permite el libre traslado en sus hospitales, el Xeral y el Meixoeiro. Esto está provocando auténticos agravios comparativos. Las funerarias de las comarcas de O Condado, A Paradanta, O Baixo Miño, A Louriña y Redondela trabajan sin problemas en los centros del Sergas. Pero las de O Morrazo y O Val Miñor, cuyas poblaciones están adscritas a Povisa, no paran de acumular sanciones. Competencias La Xunta lo tiene claro. Alega que el Gobierno de José María Aznar aprobó en el año 1996 un decreto que liberalizaba los servicios funerarios. Además, tres jueces del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia refrendaron en su momento que la Consellería de Sanidade tenía competencias para regular el transporte de féretros. Por su parte, el Concello alega que los ayuntamientos pueden regular los servicios funerarios como consideren oportuno. El Tribunal Superior de Xustiza también le ha dado la razón al desestimar el recurso que interpusieron las funerarias contra la ordenanza municipal. Ahora han decidido llevar el asunto al Tribunal Supremo. La preocupación del sector, que denuncia que Vigo es un caso único en toda España y que supone un atentado contra la libre competencia, va en aumento. La asociación provincial de funerarias cifra en 3,6 millones de euros el valor total de todas las sanciones del Concello olívico que ha recibido hasta la fecha y que de momento ha decidido recurrir. El PP sigue dando por buena en Vigo la normativa elaborada en tiempos del ex alcalde nacionalista Lois Castrillo. En uno de sus articulados se establece que las empresas vinculadas a compañías de seguros no podrán obtener autorización municipal. Las empresas de los pueblos están en esa situación, ya que suelen prestar todos los servicios. La consecuencia es que resultan claramente beneficiadas las empresas instaladas en Vigo. Esta distinta vara de medir tiene consecuencias sorprendentes: funerarias de unas comarcas trabajan sin problemas y las de otras, como O Val Miñor y O Morrazo, siguen acumulando sanciones. La asociación provincial asegura que se ponen en peligro muchos puestos de trabajo.