Reportaje | Propuestas del subdelegado del Gobierno El representante estatal en la provincia, Delfín Fernández, pedirá a los Concellos que deleguen algunas funciones de sanción y vigilancia de estos negocios sobre las juntas locales de seguridad
28 jul 2004 . Actualizado a las 07:00 h.La lentitud de los procedimientos y sanciones y el desfase de las cuantías anima a seguir infringiendo la ley en cuestiones de ruidos y otros temas relacionados con el ocio, algo que el nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia está dispuesto a evitar. Para ello, Delfín Fernández propone que el ayuntamiento delegue los procedimientos sancionadores en la junta local de seguridad. Las actuaciones podrían estar coordinadas por una junta provincial. Las policías locales, autonómicas y nacionales deben de estar, a su juicio, implicadas en estas actuaciones e incluso proponer a la alcaldesa las resoluciones correspondientes sobre actas de infracciones. Esto permitiría concluir los procesos en tres meses como máximo. La idea de Delfín Fernández es potenciar y hacer operativas las juntas locales de seguridad, de forma que no queden en papel mojado o en meras reuniones, en muchos casos de carácter anual. El subdelegado se declara un entusiasta de la coordinación de todas las fuerzas de seguridad, ya sea policía municipal, autonómica, nacional, o civil, pero no sólo teórica, sino efectiva, que permita obtener el máximo rendimiento en todos los ámbitos. En algunos ayuntamientos, como Baiona o Sanxenxo, acude a la junta local un representante técnico jurídico de cada instancia, lo que ha dado lugar a experiencias muy positivas, según Delfín Fernández. Por el contrario, se da también el caso de los concellos que apenas colaboran y no se toman en serio estos temas. En este sentido, y pese a que las competencias corresponden a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, la subdelegación del Gobierno tiene intención de enviar una circular a los concellos para pedirles que cumplan la normativa. Baiona ha sido una de las localidades que ha aplicado mano dura en el control de los ruidos con la incorporación de una ordenanza. En Vigo, el Concello inició una ofensiva sobre el horario de cierre de los pubs en mayo con la colaboración de la policía local y nacional, tras las denuncias presentadas por la Asociación de Salas de Fiestas y Discotecas.