El derribo fue ordenado por el Tribunal Superior hace año y medio Los promotores levantaron en la calle Churruca dos alturas más de las permitidas
25 may 2004 . Actualizado a las 07:00 h.El conflicto originado por una infracción urbanística en un céntrico edificio situado a muy pocos metros de la calle Urzaiz podría concluir en breve tras el compromiso municipal de iniciar el derribo de las dos plantas ilegales «a partir do vindeiro 2 de xuño», según la resolución firmada el 20 de abril por el concejal de Urbanismo, José Manuel Figueroa, y que fue enviada al Tribunal Superior como contestación al requerimiento que exigía el cumplimiento de la sentencia. Es uno más de los miles de expedientes de disciplina urbanística que almacena el Concello vigués aunque en este caso la sentencia podría estar a punto de ejecutarse. El origen de este asunto se encuentra en la orden del alcalde Manuel Pérez, quien en abril de 1998 ordenaba la paralización de las obras del inmueble que se levantaba entre las calles Churruca (3 y 5) esquina a Gravina sin ajustarse a la licencia municipal concedida un año antes. A partir de entonces empezó un tira y afloja en el que el Concello supuestamente intentó paralizar la construcción de dos plantas de más y posteriormente su derribo. En ambos casos fracasó en su objetivo ya que para ello se limitó a imponer dos multas coercitivas (en el informe no precisa si fueron efectivamente abonadas) de 300 y 600 euros. Inmueble habitado Debido a ello el edificio fue construido en su totalidad y se encuentra habitado. Precisamente el hecho de que la infracción urbanística afecte ahora a terceros es uno de los motivos esgrimidos por el Concello para justificar el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior. Desde que Figueroa asumió el compromiso de derribo los técnicos están elaborando el proyecto para llevarlo a cabo. El letrado municipal advertía al Tribunal Superior que «el derribo podría afectar al resto de las viviendas no infractoras, motivo por el cual deben adoptarse medidas especiales». Con este y otros argumentos trataba de justificar el retraso y por tanto la ausencia de responsabilidad penal y administrativa de los miembros de la corporación municipal por el no cumplimiento de la sentencia de derribo del Tribunal Superior de Xustiza.