El documento fue aprobado en abril a propuesta del ex concejal de Urbanismo Xabier Toba El alcalde encarga informes técnicos para decidir si el Ayuntamiento recurre al Supremo
24 jul 2003 . Actualizado a las 07:00 h.El convenio aprobado el pasado 28 de abril por el pleno municipal para permutar cinco parcelas de A Bouza Sur con otras en el centro de la ciudad ha sido anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Este organismo decidió hace varios días aceptar un recurso de Eduardo Canabal contra un acuerdo adoptado por el Concello en 1998 del que se deriva el de este año, con lo que este último pierde toda su virtualidad. Con esta permuta se pretendían resolver dos cuestiones. De una parte, cumplir el convenio firmado en 1992 por el Concello y Miraflores S.A. por el que esta sociedad cedió casi 17.000 metros cuadrados para que Fomento pudiera construir el primer cinturón de circunvalación. El pacto consistía en recibir del Concello un terreno similar donde pudiera mantener la edificabilidad de que disponía en Sárdoma, dos metros cuadrado por metro cuadrado. En 1998 el gobierno vigués presidido por Manuel Pérez entregó a Miraflores la parcela de A Bouza Sur, para la que pidió licencia para construir cinco torres de viviendas. La presión de los vecinos, que pretendían que la zona se destinara a parque, logró su objetivo tras años de movilizaciones. Gestión reciente En el mandato anterior Xabier Toba negoció largamente con la empresa para lograr un acuerdo. Tras años de contactos presentó una propuesta que fue muy mal recibida por el grupo socialista. Al final, a pocos meses de las elecciones, presentó un convenio que sólo pudo ser aprobado gracias a los votos del PP, con la excepción de los concejales Pablo Vázquez y Jacinto Lareo, que se ausentaron del salón de sesiones. Este convenio prevé la cesión de parcelas en Rosalía de Castro II, Plaza Elíptica y plan parcial Quirós a cambio de las de A Bouza. Pérez Mariño y Mauricio Ruiz reconocieron ayer la complejidad del fallo. Cuando reciban informes jurídicos decidirán si se recurre el fallo ante el Supremo, para lo que existe plazo hasta el 4 de septiembre.