OPINIÓN | O |
25 abr 2003 . Actualizado a las 07:00 h.DESDE que se iniciaron las negociaciones hasta la votación en Estrasburgo el 9 de abril para la ampliación y los tratados de Adhesión de diez nuevos países a la Unión el 1º de Mayo del 2004, queda reflejado en las palabras expresadas por el presidente del Parlamento Europeo, el irlandés Pat Cox, que «la hora de la ampliación ha llegado» y «Nosotros queremos crear una Europa reconciliada y unida», entendiendo, y eso es lo que yo creo, el acceso sólo como una obligación moral. Con la entrada en la UE de Polonia, la República Checa, Turquía, Lituania, Letonia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre se conjuga lo histórico desde la Comunidad Económica Europea hasta la nueva realidad de la UE, poniendo fin a la decisión artificial que existía entre alguna zona, pero poniendo en manos de la Comisión una maquinaria infernal como se ha visto en múltiples ocasiones, y ahora aún más, para los intereses económicos gallegos. A partir del 17 de abril pasado, dos nuevos socios participan como observadores en las reuniones del Consejo y de los Comités de la UE. Esta Europa de las naciones, con su estructura formándose y una definición de sí misma aún no clara, tiende con muchos problemas a la unidad de todo, pero todavía durante bastante tiempo faltará el sentir patriótico de Europa. Se ha avanzado en política interior y justicia y, sobre todo, con el nexo de unión de la moneda única, pero todas las naciones se van modificando de una manera imprevisible, lo que va suponiendo complejidades y dificultades en la que España y Galicia deberán tener confianza en sus posibilidades. Existen riesgos y dificultades como manifestó el primer ministro griego y presidente actual de la UE, Costas Simitis, pero en esta aventura nos encontramos con una ambiciosa UE de más de 450 millones de ciudadanos, con problemas de cohesión interna y teniendo que afrontar reformas institucionales que van a suponer desafíos importantes. Esta quinta ampliación a la que se dedican recursos económicos limitados hasta el 2006 tendrá su continuidad después, para la programación 2007-2013, que deberá cerrarse con un acuerdo por unanimidad de los 25. Por ello, la negociación por los fondos estructurales y ayudas de las políticas Agrarias y Pesqueras Comunes-PAC y PPC prometen ser duras, y España deberá evitar que las regiones menos desarrolladas sean desplazadas por nuevos socios con rentas inferiores, y sobre todo de las 48 regiones Objetivo 1 que actualmente se benefician de los fondos.