Bruselas llama a sus socios a asumir el recorte de xarda que cuatro países no quieren aplicar

La Comisión Europea, promotora de la última reunión en Copenhague con los Estados costeros que se han repartido la xarda a sus espaldas, se sentó en ese encuentro la semana pasada plena de optimismo. Sus buenas sensaciones se sustentaban en que esos cuatro países —a la sazón Noruega, el Reino Unido, Islandia y las islas Feroe— habían dado señales que el Ejecutivo comunitario interpretó como alentadoras y cargadas de voluntad de llegar a acuerdos y explotar la pesquería de la forma más sostenible posible. Pero a la hora de la verdad, esos indicios —como el hecho de que algunos no habían plasmado todavía el pacto cuatripartito en sus respectivas legislaciones pesqueras— cayeron como un jarro de agua helada sobre sus expectativas. Lo admite abiertamente la Comisión en un comunicado en el que lamenta «que no se haya podido avanzar a pesar de las garantías previas de varias de las partes implicadas de mostrar una flexibilidad constructiva». Y eso que, como señala, «la UE abordó las negociaciones con el fin de facilitar un acuerdo, mostrando apertura». Quizá por eso molesta más ese desplante de los demás países del Atlántico nororiental.

Sin embargo, pese al enésimo fracaso del intento de pactar un total admisible de capturas (TAC) conjuntamente, la Comisión Europea todavía apuesta por el diálogo para alcanzar «un reparto integral de la xarda y garantizar la gestión sostenible de esta pesquería en crisis». Aclara, eso sí, que la UE «ha demostrado sistemáticamente su compromiso con sus obligaciones como Estado costero, de conformidad con los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y, así, a lo largo de las consultas celebradas durante los últimos cinco años, «ha defendido firmemente la sostenibilidad y la gestión responsable de la población de xarda. De hecho, incide en que ha sido la única parte contratante que ha expresado constantemente su preocupación por la necesidad de respetar el asesoramiento científico del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) y de limitar la sobrepesca practicada por parte de Rusia.

Sin contundencia

Con todo ese resquemor, cabría esperar una respuesta contundente de Bruselas. Pero a lo máximo que llega es a decir que «esta ronda de consultas ha sido una oportunidad perdida», dado que a renglón seguido sostiene que «seguirá trabajando de forma constructiva y con un espíritu de flexibilidad para lograr una solución que reconozca los intereses legítimos de la UE». Los de los Veintisiete y los de Groenlandia, pues «sigue siendo la única parte que ha fijado sistemáticamente su parte legítima de xarda de manera estable».

Todo apunta, por tanto, que el recién aprobado reglamento para castigar a los países que no practican una pesca sostenible seguirá con su flamante lazo sin estrenar, al menos no se abrirá contra los cuatro de la órbita europea. Porque la Comisión «espera que todos los socios adopten medidas inmediatas y significativas para apoyar la recuperación de la población». Y esto no significa otra cosa más que comulgar con el recorte del 70 % que recomendaba el ICES —y que aprobaron los Veintisiete en el Consejo de Ministros de Pesca de diciembre pasado—, mientras Noruega, el Reino Unido, Islandia y las islas Feroe se aplican esa rebaja del 48 % en la cuota de xarda que plasmaron en un pacto cuatripartito. «Sin estas medidas, tanto el recurso como el sector que depende de él seguirán en riesgo», subraya la Comisión.

Así, las protestas de Irlanda y España han vuelto a quedar en saco roto. Irlanda ha introducido reiteradas veces la cuestión en el punto «Varios» del Consejo de Ministros de Pesca (Agrifish). Y España la apoyó y azuzó a Bruselas a no dejar impune esa autoasignación de cuotas aplicando las medidas comerciales, como el cierre del mercado a esos países que ni practican ni quieren practicar una pesca sostenible.

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