Armadores y sindicatos urgen a la Comisióna frenarlo o la pérdida de flota se convertirá en un «problema irreversible»
09 mar 2026 . Actualizado a las 10:02 h.Son del 2023 los últimos informes del Comité Científico de Pesca de la UE que revelan el «declive persistente y estructural» en los indicadores socioeconómicos, con un descenso de los ingresos, la rentabilidad, el empleo y viabilidad general de la flota pesquera de los Veintisiete. Un «panorama alarmante» y una «evolución a largo plazo profundamente preocupante» que han llevado a la sección pesquera de la European Transport Workers Federation (ETF), a la patronal comunitaria Europêche y a los acuicultores representados por Copa-Cogeca (Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias y Confederación General de Cooperativas Agrarias) a urgir a la Comisión Europea medidas para frenar la «continua contracción de la flota», advirtiendo que de no hacerlo «se convertirá en un problema irreversible, con profundas consecuencias para las comunidades costeras, el empleo y la seguridad alimentaria» de la UE.
«En nombre de los interlocutores sociales europeos para la pesca marítima», Corn Blonk (presidente del Comité de Diálogo Social de la UE para el sector y representante de Europêche), Juan Manuel Trujillo (presidente de la sección de pesca de ETF) y Elli Tsiforou (secretario general de Copa-Cogeca), han reclamado acciones inmediatas a Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión), Raffaele Fito (vicepresidente de Cohesión y Reforma en la Comisión), Maros Sefcovic (comisario de Comercio y Seguridad Económica), Costas Kadis (comisario de Pesca y Océanos) y a la Comisión de Pesca de la Eurocámara.
En concreto, demandan un reglamento ómnibus para «abordar y corregir las deficiencias sistémicas y consecuencias no deseadas» en las normas relacionadas con la Política Común de Pesca (PPC). Al mismo tiempo que citan las cargas de control, abogan por incorporar el llamado tonelaje social, de tal modo que deje de considerarse como capacidad pesquera el arqueo bruto y se permitan mejorar la condiciones de vida, seguridad y trabajo a bordo, así como las deficiencias de financiación o los cierres «injustificados» de zonas pesqueras. También reclaman que se aparquen la aplicación plena de controles como el Catch «hasta que se hayan solucionado las deficiencias técnicas, legales y operativas identificadas».
Armadores y sindicatos exigen «medidas concretas» para restablecer la producción de alimentos del mar en la UE y fortalecer la soberanía alimentaria, así como «un plan de acción urgente e integral para la supervivencia y la competitividad de la flota pesquera de la UE, su mano de obra y la cadena de valor» de los productos del mar en el marco de la Visión 2040. Apremian a actuar porque el sector «no puede permitirse esperar un largo proceso de reforma plurianual» de la PPC, mientras quedan «sin resolver los obstáculos regulatorios, las incoherencias y las barreras de implementación inmediatas que ya están socavando la viabilidad de la flota y la sostenibilidad económica». Equilibrando la vertiente medioambiental con la económica y la social, instan al Ejecutivo europeo a «ir más allá de las soluciones administrativas y proponer e implementar proactivamente políticas destinadas a mejorar las condiciones laborales y el atractivo del sector, garantizando un futuro viable para la próxima generación de pescadores».
Entre otros argumentos, en la misiva que han hecho pública sostienen que si en el 2023 la UE, excluida Grecia, contaba con 42.600 pesqueros en activo, las proyecciones apuntan a que esta cifra «disminuya drásticamente a 37.800» a cierre del 2025, la «más baja jamás registrada». Una pérdida de barcos que Europêche, Copa-Cogeca y ETF consideran que «no puede atribuir a perturbaciones globales extraordinarias; refleja debilidades estructurales dentro del propio marco político». Por los pronósticos científicos que manejan, sin «políticas adecuadas» avisan que en un plazo de 20 a 30 años la flota comunitaria «podría reducirse a aproximadamente el 25 % de su tamaño actual».
Una situación que, en opinión de estos interlocutores sociales europeos para la pesca marítima, «representa el incumplimiento de los objetivos socioeconómicos consagrados» en el Tratado de Función de la UE. De nuevo se remiten a los datos oficiales, según los cuales los ingresos de la flota han ido disminuyendo desde el 2016, alcanzando en el 2023 «un mínimo histórico». Y desde que en 2013 se adoptó la PPC, ahora en evaluación para decidir si se reforma, el empleo en el sector se redujo un 31 %. A todo eso agregan que los alimentos marinos que produce la UE solo representan el 31,3 % del consumo, pero apuntan que si contabilizan las exportaciones solo cubren el 14,2 %. Mientras tanto, «aproximadamente el 50 %» del pescado de otros países que entra en el mercado comunitario «se beneficia de condiciones preferenciales en virtud de los acuerdos de libre comercio, que reducen o eliminan los aranceles e inevitablemente influyen en las decisiones de abastecimiento».