Unanimidad en Galicia para intentar excluir a la flota artesanal del Reglamento de Control
SOMOS MAR
El Parlamento autonómico insta al Estado a negociar con la UE la «adaptación» de normas que comenzarán a aplicarse desde el día 1
21 dic 2023 . Actualizado a las 09:46 h.A partir del 1 de enero y progresivamente hasta el 2030, el control de la pesca de la Unión Europea entra en una nueva, con un refuerzo de la vigilancia digital y de las obligaciones de todos los eslabones de la cadena de valor del sector. Tras votar en contra del Reglamento de Control en la Eurocámara, el BNG intenta ahora desde Galicia alcanzar su objetivo de atenuar en lo posible lo que la diputada autonómica Rosana Pérez considera un «claro ataque ao noso sector pesqueiro». Con matices, PP y PSOE, que en Estrasburgo apoyaron en el Parlamento Europeo las nuevas normas, comparten desde Santiago una llamada unánime al Estado para negociar con la Comisión Europea en Bruselas una «adaptación» a las particularidades de Galicia. Desde varios frentes, empezando por el que movilizó en varias ocasiones a armadores, marineros y mariscadores, «a exclusión da frota artesanal» en la aplicación de las nuevas reglas.
Ante el pleno del Parlamento gallego, la nacionalista Rosana Pérez defendió su propuesta explicando el impacto en Galicia de esta «teima uniformizadora e equiparadora da UE», ante la cual el Gobierno do Estado reacciona considerando «histórico o regulamento e a Xunta como mero espectador». De aquí al 2030, el Reglamento de Control introducirá numerosos cambios en la pesca artesanal y el marisqueo gallegos. «Falamos dunha frota de máis de 3.500 barcos de artes menores, dos que a inmensa maioría son de menos de 12 metros de eslora, que pesca maioritariamente nas rías e, polo tanto, con mareas inferiores a 24 horas, de xeito agrupado no caso dos miles de mariscadores e mariscadoras a frote e onte o propietario é casa sempre a mesma persoa que o patrón, que tamén é a persoa que realiza as capturas e que logo tamén é a que pon á venta na lonxa, onde se pesan e se rexistran», expuso la diputada autonómica. Por la «singularidade» del grueso de la pesca y el marisqueo gallegos, el BNG los considera «merecedores dun tratamento específico», que el PP y el PSOE también demandaron este miércoles en Santiago.
Trae en vilo al conjunto de la pesca comunitaria el apartado de las nuevas normas que pretende obligar a que la potencia de los motores propulsores se corresponda con lo que dicen los papeles, que sea real. Hasta la propia ponente del Reglamento de Control, la eurodiputada socialista española Clara Aguilera, abogó en las Jornadas de Pesca de Celeiro por una amnistía. De lo contrario, abocaría a gran parte de la flota a lo que dice el acuerdo del Parlamento gallego «a expulsión de buques do mar». Para evitarlo, instan al Gobierno español a negociar con la Comisión «a busca de solucións que faciliten a regularización da frota pesqueira galega». Rosana Pérez lo argumentó recordando «que se recoñece por todo o mundo que a potencia dos motores non incrementa a capacidade de pesca porque esa capacidade está suxeita a TACS e cotas na maioría das pesquerías».
«Cuando una embarcación comete una falta grave no podrá pedir ayudas en cinco años y si en los últimos cinco había recibido alguna, deberá devolverla con intereses de demora», aunque la infracción no tenga relación con la subvención del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, el Fempa que también arrancará este 1 de enero. Un «castigo demasiado duro», advertía Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) que sanciona «con vistas al futuro, pero lo sorprendente es que también con retroactividad, penalizando años en los que se ha trabajado cumpliendo con la ley». También Clara Aguilera, entre otros muchos, lo considera «injusto». Y es otra de las demandas que, por iniciativa del BNG, le traslada la Cámara gallega al Gobierno español: «A eliminación da retroactividade nas sancións que impediría ter acceso ás axudas Fempa».
Otra es la de «esixir do Goberno do Estado todas as actuacións necesarias para a modificación da definición de frota artesanal recollida na PPC», una asignatura que la Comisión resolvió optando por la medida de las esloras sin tener en cuenta el tipo de actividad ni las zonas donde faenen los barcos. Por último, el acuerdo del Parlamento gallego impulsado por el BNG también le pone deberes a la Xunta, instándola a «exercer as súas propias competencias en augas interiores e aplicar as normas de control propias».