Los intentos de justificar políticas pesqueras diferentes pueden resultar más ofensivas que las propias decisiones, pues, aparte de los daños que producen, suelen minusvalorar la inteligencia de las comunidades afectadas. Se nos ha repetido que la sostenibilidad biológica de los stocks en la política pesquera de la UE (PPC) estaba basada en el rendimiento máximo sostenible (RMS). Así se consideró para fijar totales admisibles de captura (TAC), reducciones de capacidad y esfuerzo de pesca al menos desde 1986 en especies interés para España. Pero últimamente se ha visto un hecho diferencial, ese término acuñado en 1927, en la pesca. Se aprecia en dos decisiones recientes en las que la UE ha intervenido de forma activa y decisiva: el stock de atún rabil (Thunnus albacares) del Índico regulado por la IOTC, y la tintorera o quella (Prionace glauca) del Atlántico, regulado por la ICCAT. La UE es parte de ambas organizaciones regionales de pesca (ORP). En el caso del rabil, la IOTC diagnosticó «sobrepesca» y aconsejó reducciones de captura. Esta ORP, en un proceso opaco, aprobó con el apoyo de 16 países un recorte del 15 % de las capturas, así como la reducción del 23 % en el número de objetos (FAD en inglés), método que usan los atuneros cerqueros de la UE para pescar túnidos tropicales, entre los que se encuentran el rabil y el patudo, especies difíciles de distinguir cuando se trata de juveniles. De momento, nadie ha propuesto la inclusión de esta especie en la lista CITES, pues no hay razón para ello. No obstante esa «sobrepesca» del rabil diagnosticada, la Comisión, la Eurocámara, la Administración española... pusieron el grito en el cielo ante una decisión «no basada en ciencia y mucho menos en cuestiones socioeconómicas». Se pidió a la UE que objetara la decisión «para salvar la flota europea y países aliados» y la UE, alentada por Francia, España, Italia y Alemania, en una actuación con escasos precedentes, objetó la resolución de la IOTC.
El caso de la tintorera del Atlántico y otros océanos es distinta. Todas las evaluaciones revelan que los stocks no están sobrepescados, ni en el Atlántico, ni en el Índico ni en el Pacífico y, por tanto, muy lejos de lo que marca el convenio CITES. La razón que dio Panamá para meter la quenlla en CITES está en las antípodas de la evidencia científica y merecería un psicoanálisis: la «similitud morfológica de la tintorera con otras especies de su misma familia». Plantear ese argumento descalificaría a cualquier científico en un contexto riguroso, pero a nadie le salieron los colores. Pese a buena situación de la tintorera, la propuesta salió adelante con el apoyo de la Comisión, de su Parlamento (incluidos eurodiputados españoles) y por acción u omisión de algún ministerio español, sin considerar informes de ICCAT u organismos científicos expertos en esas especies.
El hecho diferencial: la flota palangrera de superficie de España está acosada pese a su actividad regulada. Esta afirmación no es propia, sino de un ex alto responsable de la UE que ahora puede opinar sin arriesgar su carrera. La diferente actuación de la UE entre ambos casos no la justifica la ciencia ni la PPC. Mientras el rabil del Índico es una especie de interés para las flotas industriales de cerco de Francia y España, la quenlla solo atañe a la flota española y portuguesa. Los atuneros, muchos vinculados al País Vasco, conforman una flota altamente capitalizada, con gran peso económico e influencia internacional, mientras que los espaderos son empresas familiares, vinculadas a Galicia, aliadas en organizaciones de productores con poca capacidad de presión.
¿Se podría pensar que si Francia u otra comunidad diferente a Galicia pescaran quenlla la Comisión no habría apoyado a Panamá para incluirla en la CITES? Como en la serie-comedia belga Parliament creo que la realidad supera con creces a la ficción. Es una lástima que la UE no hubiera hecho para la tintorera un corta y pega de los argumentos para objetar la decisión sobre el rabil. Es evidente que la inclusión de la tintorera en CITES «no está basada en la ciencia, y mucho menos en cuestiones económicas y sociales». Parece que tampoco en la PPC. Ni en que «la UE creyera que los miembros de la ICCAT y de otras organizaciones deberían trabajar de manera cooperativa y deberían agotarse todos los esfuerzos para llegar a un consenso». Por sus hechos los conoceréis.