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El poder económico en los océanos

SOMOS MAR

MARTINA MISER

07 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

En el siglo XVII se estableció el principio de la libertad de los mares. Esto es, la posibilidad de navegar sin restricciones y que la accesibilidad a los recursos existentes (minerales y pesqueros) no perteneciera a ningún país en exclusiva, salvo las zonas costeras que eran competencia de cada Estado. Por tanto, nadie era el dueño de las aguas, ni de sus riquezas. Fue el triunfo de las tesis holandesas, defendidas por un letrado de la época, Hugo Grotius, en su obra Mare liberum, en contra de los intereses privatizadores que defendía la Corona española, que argumentaba a favor del mare clausum.

Pasados los siglos, la situación es diferente. Desde las proclamas del presidente norteamericano Truman en 1946, y, con posterioridad, a través de iniciativas de varios países costeros latinoamericanos y la aportación de Naciones Unidas, se fue conformando un nuevo orden jurídico sobre los mares. Son de reseñar los tímidos avances de las conferencias sobre el derecho del mar en los años sesenta y setenta del pasado siglo.

A partir de 1982, se instauran mayoritariamente las 200 millas como zonas económicas exclusivas; y, con ellas, empieza el proceso de delimitación de competencias nacionales de los Estados costeros, la parcelación del mar y las dinámicas de acaparamiento de las riquezas marinas.

Fruto de estos avances normativos los océanos y los mares comienzan a estar intervenidos y la concienciación en torno a su preservación va en aumento. La dimensión marítima alcanza nuevos hitos al comprobarse y constatarse que en el océano está depositada una abundante riqueza y que en torno a los océanos se va a desarrollar la sociedad de los próximos años. Por eso, se habla de la relevancia que posee la economía azul o las industrias azules. Atendiendo a este criterio, las actividades más importantes y vinculadas a los mares son el petróleo, el gas, el transporte marítimo, la construcción naval, la pesca y la acuicultura, los desarrollos portuarios, la defensa, el turismo náutico, la farmacia, gastronomía, entre otros. Si sumáramos el valor económico de estas actividades supondría alcanzar en torno a tres billones de dólares y cinco millones de empleos; o sea, sería el cuarto país del mundo en cuanto a riqueza.

Pero, todas las dinámicas de crecimiento muestran amplios rasgos de concentración. Es lo que acaba de mostrar el profesor John Virdin, de la Universidad de Duke, al relatar que la facturación de 100 empresas acapara el 60 % de lo obtenido por todas las actividades económicas relacionadas con los océanos. De dicho centenar de empresas, 61 son transnacionales y cotizan en bolsa; 20 empresas son estatales y las restantes 19 son privadas y sin cotización bursátil. Avanzando un poco más en el análisis del control de los océanos podemos subrayar que hay 47 energéticas (petroleras y gasísticas); catorce corresponden a astilleros; once son navieras; nueve están relacionadas con los equipos navales, al igual que las pesqueras; cinco asociadas a las actividades portuarias; cuatro con el turismo de cruceros y sola una con las eólicas marinas. Si la distribución fuera geográfica, cuatro países (Estados Unidos, Arabia Saudí, China y Noruega) concentrarían el 35 % de la facturación.

No cabe duda de que estamos ante una nueva apuesta geopolítica económica que posee unas bases tecnológicas singulares y que responde a un nuevo posicionamiento estratégico de futuro. Al igual que China se muestra favorable a la redefinición de su ruta de la seda, los gallegos y los españoles también debiéramos formular nuestra propia dimensión marítima. De no hacerlo, perderíamos la oportunidad de reatrapar el rumbo y los vientos a favor.