Tensión entre los armadores gallegos y españoles por un acuerdo que afecta a más de un centenar de barcos de la comunidad y tiene un impacto de 533 millones en la economía gallega
25 dic 2020 . Actualizado a las 10:26 h.La relación en materia pesquera de la UE con su exaliado tras la desconexión británica se había convertido en el último escollo para sacar adelante el acuerdo y poner fin a más de 10 meses de tortuosas y agotadoras negociaciones. El visto bueno de Francia, como país potencialmente más afectado por la planteada reducción de cuotas (su flota acapara casi un tercio del valor de las capturas europeas en aguas británicas), resultaba inexcusable. Imprescindible para rematar el texto. Y por fin llegó ese plácet del Gobierno de Emmanuel Macron. Una luz verde que incluye un período de transición de cinco años y medio, hasta julio del 2026, durante el cual los barcos de la UE tendrán acceso garantizado a las aguas del Reino Unido y la posibilidad para Bruselas de tomar represalias si los británicos excluyen después a los buques comunitarios.
Cuando empezó el tira y afloja a comienzos de año, Londres reclamaba recuperar el control sobre sus aguas territoriales, mientras que la UE pretendía mantener los derechos históricos de pesca de su flota.
Y mientras, en Galicia, más de un millar de familias, las de los marineros y armadores que tienen en aquellas aguas su principal sustento, han vivido todos estos meses con el corazón en vilo, pendientes de un acuerdo que ahora ya se conoce. En aguas británicas trabajan un centenar largo de barcos gallegos. A los casi sesenta que faenan en Gran Sol, hay que añadir otra veintena que lo hacen en las Malvinas y la veintena larga de barcos con bandera británica y capital gallego. Los expertos del Grupo de Economía Pesqueira de la Universidade de Santiago cifraron el impacto del brexit en la economía gallega en 530 millones de euros.
La recuperación del control de los caladeros fue una de las grandes promesas de los partidarios del brexit durante la campaña del referendo en el 2016. Y el Gobierno de Boris Johnson ha puesto toda la carne en el asador por un tijeretazo importante en las cuotas europeas para, sobre todo, ganarse el favor de Escocia, que votó mayoritariamente en contra de la salida de UE, excepto en sus zonas pesqueras, donde los partidarios del brexit se impusieron.
Ese duro pulso explica por sí solo que las últimas horas hayan sido de gran tensión para los armadores gallegos. Los chats y grupos de WhatsApp en los que se comunican cualquier vicisitud sobre las negociaciones del brexit llevaban echando humo desde la tarde del miércoles, cuando se creía que el acuerdo era ya inminente.
La pesca se temía lo peor, después de que, sin el beneplácito de los países afectados, la Comisión hubiese puesto sobre la mesa la oferta de ceder al Reino Unido el 25 % del valor de las cuotas que la flota comunitaria captura en las aguas de soberanía británica. Londres, que empezó reclamando el 80 % para rebajar después sus aspiraciones al 60 %, se había movido estos últimos días en el entorno del 35 %. Un porcentaje próximo al que la UE proponía pero muy por encima de lo que estaban dispuestos a ceder los países que conforman la Alianza Europea de la Pesca (EUFA), que tras ver que se alejaba la posibilidad de un status quo (acceso mutuo a aguas y mercados) apuntaban un 10 % de esas cuotas como línea roja, así como un horizonte temporal de un decenio, para dar seguridad a las empresas.
Finalmente, los derechos de pesca de la UE se reducirán en un 25% en comparación con ahora y hasta julio del 2026, cuando expira el período de transición. Después de ese plazo habrá una negociación anual, parecida a la que la UE celebra cada mes de diciembre par fijar las cuotas y que tantos disgustos le ha costado a Galicia en los últimos años.
Así las cosas, la flota española ve repetirse la pesadilla del 86, cuando se convirtió en el último escollo para tener las llaves del mercado común europeo. Como entonces, las negociaciones fueron bien, hasta el final, en el que la entonces flota de los 300 pudo volver a Gran Sol, pero con muy poca cuota y pésimas condiciones.
Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), prefería este jueves esperar a conocer el contenido exacto del pacto para realizar valoraciones. «No podemos comentar sobre un acuerdo del que no tenemos detalles, pero la información inicial a nuestra disposición es muy preocupante», señalaba. No obstante, advertía: «Cualquiera que sea el acuerdo final, cualquier pérdida de los derechos de pesca que hemos tenido durante siglos es un gran golpe para nuestros pescadores y sus comunidades, que no puede subestimarse. Este es un día negro para los pescadores europeos, sus familias y sus comunidades».
«El acuerdo no nos da claridad ni visibilidad. La pesca es un esfuerzo a largo plazo y este plazo tan corto sofocará la inversión en nuestro sector y dejará abierta la cuestión de la gestión sostenible a largo plazo de las poblaciones de peces», sentenciaba el secretario general de Cepesca. Y no solo eso, también advirtió que «los pescadores y sus comunidades se enfrentan ahora a un futuro incierto. Instamos a la Unión Europea a que adopte todas las medidas necesarias, financieras y políticas, para asegurar nuestro futuro». También pedía Garat al Gobierno que les informe cuanto antes del acuerdo.
En la misma línea, Gerard van Balsfoort, presidente de la EUFA, subrayó: «Por lo que sabemos queda claro que este es un día oscuro para la industria pesquera europea. La pérdida de una parte significativa de nuestros derechos de pesca, acumulados a lo largo de muchas generaciones de pescadores, es un golpe enorme que deja en el aire el sustento de miles de familias».