El cambio de criterio en la prórroga de concesiones y la reforma del reglamento de Costas atemorizan al sector
25 ene 2020 . Actualizado a las 05:00 h.En la costa gallega han saltado todas las alarmas después de que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar supeditase al derribo de parte de la factoría la continuidad de una empresa de Boiro sobre terreno del dominio público marítimo-terrestre. Decenas de industrias asentadas en la ribera temen seguir su estela.
Depuradoras y cocederos, con tubos de captación invadiendo lo público, son los más recelosos. Pero también conserveras y frigoríficos se han puesto en guardia. Y piscifactorías, pues a una de ellas, en Cee, solo le han garantizado su continuidad por un año más. La cadena mar-industria se rebela contra la inseguridad jurídica que se está generando en un sector que, según el informe Ardán 2019, es el tercer motor productivo de Galicia en el ránking por valor añadido, con un 10,5 % del total.
¿Qué establece la ley para las concesiones en terreno marítimo terrestre?
La Ley de Costas de 1988 estableció que toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables estaría sujeta a concesión otorgada por la Administración del Estado. Esa normativa dispuso también que la licencia «se otorgará por 30 años, prorrogables por otros 30, respetando los usos y aprovechamientos existentes». En el 2013, viendo la que se avecinaba, el ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, que también lo era de Agricultura y Alimentación, aprobó en el 2013, a cinco años de expirar en masa las concesiones, una modificación parcial de la Ley del 88 que creaba la figura de la «prórroga extraordinaria y selectiva» de los permisos otorgados. Advertía de que no era una ampliación indiscriminada, sino supeditada «a un informe ambiental que deberá determinar los efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente». Esa normativa (2/2013) fijaba además en 75 años el plazo máximo de esta prórroga extraordinaria. Ahí está la cuestión. Los afectados entienden que ese período de gracia comienza a contar desde el momento en que se solicita la ampliación y ahí está el caso de Ence, que demandó la prórroga extraordinaria en el 2013, dado que en el 2018 caducaba su concesión, y se le otorgó hasta el 2073.
¿Cuál es el plazo máximo de ocupación?
La renovación de concesiones no es automática. Es potestad de la Administración concederlas o no. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo? En el 2018 se cumplían los 30 años que otorgaba la Ley de Costas del 88 y unos años antes comenzaron a llegar en cascada solicitudes de prórrogas extraordinarias. Los demandantes comprobaron que no había un criterio. A unos le llegaban renovaciones por 10 años, otros por un período inferior y a terceros, como el caso de Ence, por mucho más, 60 años en ese caso. Así las cosas, el Ministerio de Transición Ecológica decidió pedir un informe a la Abogacía del Estado para saber desde cuándo había que empezar a contar los 75 años de máximo que prevé la Ley 2/2013. Y se pronunció diciendo que comenzaban a contar desde la primera ocupación. Así, en el caso de Tres Mares, la prórroga se otorga hasta el 2021, 40 años después de la primera licencia -otorgada en el 81, antes de la Ley del 88-, puesto que para cultivos marinos el plazo máximo es de 50 años. Para acceder a esos diez años más debería hacer unos cambios que harían inviable la explotación, aparte de requerir un mayor gasto energético.
¿Son efectos colaterales de la «doctrina» Ence?
Es una sospecha latente en el sector y que el Gobierno autonómico empleó en su día contra Madrid, cuando trascendió el intento de reformar el reglamento de la Ley de Costas por la puerta de atrás.
Uno de los argumentos facilitados por el informe de la Abogacía del Estado para justificar su allanamiento en la causa que el Concello de Pontevedra y Greenpeace mantienen contra la ampliación de la concesión a la pastera es que no necesita estar al lado del mar para desarrollar su actividad, por más que Ence sostenga que sí. Ese patrón es el que se siguió en la respuesta a la empresa Paquito, a la que, para seguir disfrutando de la concesión, le obligan a derribar 400 metros cuadrados sobre terreno público que tiene ocupados con un frigorífico y una línea de limpieza de cefalópodos.
¿Se ha modificado el reglamento de la Ley de Costas?
Todavía no. Las alarmas saltaron en marzo pasado, cuando alguien del sector de la cadena mar-industria, buceando en la página web del Ministerio de Transición Ecológica e intentando buscar algún sentido a ese cambio de criterio en la ampliación de las concesiones, dio con una anteproyecto de modificación del reglamento general de la Ley de Costas. Un texto que se insertó, apuntan desde la plataforma de afectados, «sin previa información ni el más mínimo contacto con la multitud de sectores directamente implicados». Eso motivó un aluvión de alegaciones. Según admitió el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se recibieron más de un millar de objeciones en la consulta pública inicial. Ante tal oposición, Transición Ecológica decidió cambiar la propuesta y dar una nueva redacción al artículo 135, sobre otorgamiento y duración de las concesiones y sus prórrogas.
¿Se acepta la nueva redacción?
Ni por asomo. Fernando Otero Lourido, abogado de la industria alimentaria, ve en el borrador un claro intento de acortar drásticamente la duración de las concesiones administrativas. Y es que restringe «a un máximo de 15 años», computado el período inicial y las posibles prórrogas ordinarias y extraordinarias. En algunos casos, en los que «pudiera tener un impacto paisajístico negativo», puede verse reducida a tres cuando, hace ver Otero, la Administración da cinco en casos de autorizaciones temporales. La conclusión de los afectados es que la reforma, sustentada en un «loable criterio de sostenibilidad medioambiental», está motivada «únicamente por una concepción marcadamente filosófica del uso público de la costa, que el proyecto viene a identificar exclusivamente con su uso recreativo». Los afectados apuntan que un margen de concesión tan escaso no proporciona seguridad jurídica. «¿Qué empresario se pon a invertir no sector en Galicia cando ao mellor aos tres anos ten que abandonar a concesión?», argumenta Roberto Fariña, incidiendo en la inseguridad jurídica que eso supone y que, de hecho, ya está desincentivando inversiones que estaban previstas.
¿Afecta a todas las empresas situadas a la ribera de mar?
Según explicaron en su día fuentes del Ministerio de Transición Ecológica a este periódico, la intención es no prorrogar la concesión a aquellas empresas que desarrollan en terrenos de dominio público marítimo-terrestre una actividad que no necesite estar al lado del mar para su funcionamiento. En un intento de trasladar tranquilidad explicaron que las concesiones en peligro ascendían a 31 en toda España y a solo cuatro en Galicia, dos en A Coruña y dos en Pontevedra.
Claro que ese día no precisaron que las licencias de ocupación se supeditarían al derribo de aquellos elementos -frigoríficos, almacenes o líneas de producción-, que ocupan suelo de Costas, por más que el resto de la fábrica sí necesite estar al lado del mar, como le ocurre a Paquito. En su caso, la Dirección General de Costas admite que la línea de mejillón de la factoría sí puede seguir instalada sobre suelo público, pero no ha respondido a este periódico para aclarar la incertidumbre que se cierne sobre las demás estructuras.
Hay otras industrias de elaboración, como conserveras y frigoríficos, que no se ven amenazadas porque, aunque están en la ribera del mar, están emplazadas en suelo de Portos y es la administración autonómica -la estatal sí se trata de un puerto de interés general del Estado- la que se encarga de prorrogar la licencia de ocupación del terreno público. Es el caso de Cefrico, en el puerto de Vilagarcía, que acaba de ver prorrogada su concesión por 25 años, hasta el 2043.
¿Qué temen depuradoras y cocederos?
Que las desalojen de la zona de Costas alegando que no necesitan estar al lado del mar. Aunque en su mayoría están en terreno particular, los tubos y emisarios sí ocupan terreno del dominio público marítimo-terrestre y temen que esas concesiones no sean renovadas o no en el plazo suficiente para amortizar inversiones. Fariña subraya la ineficiencia que supondría derivar las depuradoras o cocederos a polígonos industriales, hasta los que habría que trasladar, por carretera, el agua para su uso y para su posterior tratamiento.
¿Por qué protestan las cofradías con marisqueo?
Porque, si bien en principio las autorizaciones administrativas no estarían afectadas, prácticamente el 100 % del producto del marisqueo necesita depuración o cocedero antes de salir al mercado. De ahí que el presidente de la Federación Galega de Cofrarías, José Antonio Pérez, pidiera esta semana «sentidiño» a Transición Ecológica.
