La gestión que Madrid planea para las cuotas divide al arrastre del Cantábrico

Si la flota no hace más que lamentarse por la escasez generalizada de cuotas para sostener la actividad extractiva, no es de recibo que al llegar a diciembre no se hayan consumido todas las toneladas que Bruselas dejaba a España pescar. Pero ocurre. Y en especies tan disputadas como la merluza o el jurel, que tantos roces han generado entre artes. Aunque ya se han explorado mecanismos para evitar que se llegue a fin de año con sobras, el Ministerio de Agricultura y Pesca cree que todavía hay que poner más empeño en corregir esos desajustes que se producen entre «el reparto de posibilidades y la composición real de capturas», para conseguir una explotación más eficiente del recurso. Su propuesta para intentarlo ya está sobre la mesa. Y nada más dejarla se ha levantado marejadilla. Está por ver si no acaba en galerna, de tan distanciadas que están las posturas.

La orden trata de regular los traspasos de cuota entre embarcaciones, tanto las que se realizan con carácter temporal, como las definitivas, al tiempo que entra en los intercambios que se realizan entre Estados miembros. En el caso de las primeras, el Gobierno plantea derribar las barreras que hoy existen, dado que solo está permitido traspasar cupos «entre buques del mismo censo para arrastre», y entre volanta y palangre siempre que truequen merluza. Cambiar entre cerqueros requiere «el consenso del sector» amén de un proceso extraordinario «que no se venía utilizando» y hacerlo entre unidades de arrastre y cerco es imposible. Lo que se pretende ahora es permitir intercambios de cuotas individuales entre buques de distinto censo, siempre que durante dos años no se ceda más de un 80 % del cupo, pues de otro modo el barco perdería las posibilidades de pesca.

Ahora bien esa barra libre que se da para las cesiones temporales no se hace extensible a las definitivas, que solo podrán hacerse entre buques que pertenezcan a un mismo censo. Impone, además, un porcentaje mínimo de posibilidades de pesca que debe mantener cada embarcación en su poder, sin traspasar, si no quiere ser expulsado de la pesquería y dado de baja del censo. Rebaja, además, el porcentaje máximo que puede acumular una empresa, que ahora está en el 30 % y el Gobierno pretende rebajar al 18 %.

Si en cuestión de cesiones temporales no hay tantas diferencias, es en la transmisión definitiva de cupos donde se abre la brecha entre los arrastreros del Cantábrico. Unos apuestan por una gestión más inspirada por el liberalismo y otros más próximos a la teoría keynesiana, no en vano se trata de recursos públicos lo que reparte entre los barcos.

En un bando, Pescagalicia, la asociación mayoritaria, con apoyo parcial de Ribeira, defiende que solo se permitan la compraventa de cuotas entre barcos del mismo censo. Ahora bien, considera exagerado que se permita a una empresa acumular el 18 % de las posibilidades de pesca de una especie, puesto que eso significa «que cinco grupos podan facerse co 90 % dos cupos», expone Torcuato Teixeira. En el otro extremo, que reclama menos intervención del Estado para dejar hacer al mercado, se sitúan las demás asociaciones del arrastre, que plantea que se permitan traspasar temporalmente todas las posibilidades de pesca -no solo el 80 %-, así como el límite temporal de dos años, para cubrirse las espaldas de las parejas de barcos en el caso de que la merluza sur no ofrezca signos de recuperación y estas deban reconvertirse. También pretenden que se elimine la reserva inicial de posibilidades de pesca por parte del Estado.

Vaciar de cuotas el arrastre

Pero lo que más les distancia atañe a las transferencias definitivas. Mientras Pescagalicia defiende que estas deberían estar limitadas a los barcos del mismo censo, el resto de las asociaciones consideran que debe exceptuarse al arrastre y permitir que las cuotas de este segmento de flota puedan ser vendidas a otras artes. Para Teixeira esto supondría «descapitalizar» al arrastre de sus cuotas, dado que podrían venderse, pero no comprarse, dado que las demás flotas no pueden transmitirlas al arrastre, con lo que «perderíanse definitivamente para este segmento de flota».

Los arrastreros que faenan en Portugal podrán hacerlo también en el caladero nacional

El borrador de orden que marca los criterios de gestión de las posibilidades de pesca atiende una antigua reivindicación del arrastre del Cantábrico. Y es que, según el texto expuesto a alegaciones, para obtener una de las 30 licencias que Portugal ofrece a España para faenar en sus aguas dentro del acuerdo de pesca bilateral que mantiene ya no será necesario renunciar a trabajar en el Cantábrico. Un barco podrá simultanear ambos caladeros siempre que tenga cuota y que sea en número recíproco para no aumentar el esfuerzo pesquero. Pescagalicia aboga por retirar esa correlación, pues es suficiente con la limitación de cuota que tiene cada barco. Otro motivo de roce entre las asociaciones del Cantábrico es la redistribución de cuotas que ya en la actual ley se hace a partir del 1 de octubre entre las flotas con cupos sobrantes y aquellas que son deficitarias. Pescagalicia aplaude que se mantenga, el resto quiere eliminarlo pues considera «arbitrario y discrecional» que la Administración fije el sobrante de cuota para poner a disposición de aquellos buques que hayan agotado su cuota. Y mucho menos aceptan que se pare el contador de las transferencias temporales el 10 de septiembre, cuando Pescagalicia plantea que no se permitan ya hacer cesiones a partir del 1 de julio.

En las alegaciones que presentó Pescagalicia, propone, además, retirar la cigala de la gestión por cuotas individuales transferibles, pues la organización insiste en que ahí reside la ex plicación a la caída abrupta de las capturas de crustáceo que llevó a Bruselas a imponer una veda por tres años.

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