Patronal y sindicatos agotarán el plazo para aceptar la propuesta para la estiba
SOMOS MAR
Un reglamento que recoja la subrogación es la máxima oferta que puede hacer Fomento
04 abr 2017 . Actualizado a las 07:34 h.El jueves pasado, el presidente del CES (Consejo Económico y Social), Marcos Peña, entregó su propuesta de mediación a patronal de la estiba, sindicatos y Gobierno después de dar por terminado su trabajo de intentar acercar posturas y encontrar una salida negociada a esa reforma del sector de carga y descarga de mercancías portuarias a la que apremia Bruselas bajo amenaza de una multa diaria de 137.000 euros. Al tiempo que ponía fin a su cometido, daba una fecha tope a las partes para comunicar si aceptaban o no su propuesta que, a lo largo de 16 páginas, viene a decir que se debe garantizar la continuidad en el empleo, pero deja en manos del Gobierno la elección de la fórmula para arbitrarla. Y el Ejecutivo rechaza de plano materializar esa subrogación por ley, como exigen los sindicatos. Ayer mismo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reiteró que su «máximo compromiso» llega al nivel de un reglamento.
Esa indefinición del documento de Peña al respecto de la subrogación puede que sea la clave de la rapidez con la que el Gobierno haya aceptado la propuesta de mediación. La misma que está provocando que patronal y sindicatos hayan decidido agotar el plazo -hoy a las 13 horas- para dar su respuesta.
El texto «no acaba de convencer» a los estibadores, según recogió Europa Press de fuentes sindicales. Así que siguen los encuentros, conversaciones e intercambios de opinión entre la parte social y Anesco (Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias), que ya habían alcanzado un principio de acuerdo que no aceptaba el Gobierno antes de que Peña pusiese sobre la mesa su planteamiento para desatascar el conflicto de la estiba.
Rebaja salarial
La fórmula de subrogación constituye el principal escollo. Menos problemas presentan los cambios que sugiere en la organización del sector -puesto que patronal y sindicatos ya habían llegado a un pacto en ese sentido- e incluso la rebaja de un 10 % en el salario de quienes cobren más de 2.230 euros al mes.
Peña admite que un acuerdo «global» es «imposible», pero insta a las tres partes a buscar «un mínimo denominador común» para cumplir la sentencia dictada por el Tribunal de Luxemburgo. Ese punto de encuentro parece estar todavía lejos. Quizá por eso De la Serna haya vuelto a invocar la responsabilidad de los grupos políticos del Congreso, sobre todo de aquellos que contribuyeron a tumbar su real decreto. Y, de paso, a mentar el bolsillo de los contribuyentes, pues ayer, en Almería, recordó la urgencia de reformar la estiba para «evitar la sanción». El ministro de Fomento insiste en que la subrogación por ley no es posible y que las ayudas que reclaman las partes «no se pueden asumir». Una indemnización que cifró en casi 2.500 millones, aunque las empresas aseguran desconocer en base a qué datos obtiene esa cifra. Del rechazo parlamentario y del bolsillo del ciudadano habló también ayer el presidente del Gobierno. Rajoy dijo que no fue una buena idea votar en contra de ese texto porque la opinión pública no ha entendido que tenga que pagar el Estado una multa por no acatar una sentencia. Además, ese «real decreto se aprobará tarde o temprano. Es lo que tiene que hacer el Parlamento español», concluyó.