España pasará el dinero de los ecoesquemas de la PAC que no gaste en el 2023 y 2024 a la ayuda básica a la renta
SOSTENIBILIDAD
Planas explica en la reunión del Comité Asesor Agrario el acuerdo alcanzado en Luxemburgo por los ministros de Agricultura de la UE la semana pasada
27 oct 2020 . Actualizado a las 12:47 h.Son una figura nueva y quizá por eso los ecoesquemas —directrices para el cuidado del medio ambiente que obligatoriamente han de marcar los Estados y cuyo cumplimiento voluntario supondrá a los agricultores y ganaderos un incentivo económico adicional— es una de las novedades de la nueva política agraria común (PAC) que trae en vilo a agricultores y ganaderos. Entre las preocupaciones que sobrevuelan en el sector está el hecho de tener que reservar entre un 20 y un 30 % —el primer porcentaje es la propuesta del Consejo; el segundo el del Parlamento europeo— del presupuesto del primer pilar de la PAC (ayudas directas) a esos ecoesquemas. Teme que eso provoque un recorte en el pastel que ahora se reparte entre todos los perceptores de la PAC o que esos fondos no lleguen a ejecutarse o acaben pasando al segundo pilar tras dar Bruselas luz verde a la transferencia de fondos entre pilares.
Quizá es por esto que este lunes el Ministerio de Agricultura quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los miembros del Comité Asesor Agrario —en la entidad están presentes organizaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA— durante la reunión mantenida para desmenuzar los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE celebrado la semana pasada en Luxemburgo. Fue en ese contexto donde dijo, como recoge una nota remitida tras la reunión, los pilares sobre los que se pretende construir la arquitectura verde que quiere la UE se aplicarán paulatinamente. «tras dos años de período de aprendizaje para permitir una adaptación gradual». Es por ello que, como añade el comunicado, durante los años 2023 y 2024 España pasará el dinero no gastado en los ecoesquemas «a la ayuda básica a la renta en aras a la flexibilidad lograda y defendida por el ministro durante las negociaciones».
Desde el departamento que dirige Luis Plans también lanzaron otro mensaje de tranquilidad al explicar que la sostenibilidad medioambiental, económica y social de agricultores y ganaderos también están garantizadas, ya que el 60 % de los importes de los pagos directos se destinarán a la ayuda básica a la rente, al que es posible sumar el 20 % de los ecoesquemas».
Más allá de esto, Planas repasó otras de las medidas aprobadas en el acuerdo de Luxemburgo. Sobre la limitación de la cuantía máxima de ayuda básica que podrá recibir una explotación, el capping, apuntó que según el acuerdo del Consejo, los Estados pueden limitarla en 100.000 euros, si bien teniendo en cuenta los gastos de empleo.
En lo que se refiere a los pagos redistributivos, explicó que «España ha logrado introducir criterios de elegibilidad adicionales al tamaño de la explotación». De ahí, añade, podrán concentrarse en aquellas personas cuyos ingresos agrarios suponen una parte significativa sobre los ingresos totales en aras de una mayor eficacia de este pago.
Además, dijo que la disciplina financiera no afectará a los pagos de menos de 2.000 euros, como solicitaba España con el objetivo de hacer más ágil la gestión de la PAC.
El sector vitivinícola verá también cómo la fecha de expiración del sistema de autorización para plantaciones de viñedo pasa del 2030 al 2040, demanda que había sido planteada por España y Francia.
Y aunque a Galicia no afecta tanto, para España ha sido también importante poder incluir el sector de la aceituna de mesa como sector elegible para las ayudas acopladas o vinculadas a la producción, la posible creación de programas sectoriales nuevos, como el que propone Agricultura para el olivar, el mantenimiento de los que existen para el vino, la apicultura y las frutas y hortalizas (este último sin techo de gasto), así como los programas escolares de distribución de leche y fruta.
Esos son los principales puntos de un acuerdo que, a juicio del ministerio, recoge los objetivos del Gobierno, unos objetivos que tanto el PP como Ciudadanos creen que se quedan cortos, sobre todo en materia presupuestaria. Porque aunque Planas está satisfecho con el presupuesto de 47.724 millones de euros para el 2021-2027 que, como dijo, «con las aportaciones del Estado, las comunidades, más el plan de recuperación estarán cerca de los 53.000 millones», los otros dos partidos creen que pudo haberse negociado mejor. Desde el BNG reclamaron que Galicia se mantenga «na mesma porcentaxe de fondos que ata agora». Y desde Medio Rural ya manifestaron que dentro de la lealtad al Gobierno central, pelearán por que las particularidades de Galicia aparezcan recogidas en el Plan Estratégico Nacional de la PAC.