Manuel Dominguez, un agricultor de la provincia de Buenos Aires de ascendencia pontevedresa, es uno de los afectados por el aumento impositivo de la soja. El incremento de impuestos detonó esta semana las relaciones de los agricultores con el Gobierno.
09 mar 2020 . Actualizado a las 10:09 h.El rumor de un paro nacional llevaba un par de meses ululando en el campo argentino. Finalmente, sucedió. Los sectores agrícolas tomaron el jueves la primera medida de fuerza contra el Gobierno por el aumento de los impuestos a la exportación (retenciones) de soja hasta el 33 %. El paro anunciado por CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), que comenzará el próximo día 9 y durará 4 jornadas, surge días después de una reunión con el presidente Alberto Fernández.
La relación venía diezmada desde que al formarse el nuevo gobierno comenzaron a incrementarse las retenciones. Era conocido que la medida anunciada en diciembre iba a ser controvertida e iba a poner sobre aviso a los productores del sector agropecuario. Lo que anunciaba era un sistema de impuestos a las exportaciones con distintos baremos: 30 % para la soja, 12 % al maíz y al trigo o el 9 % a la carne. Pero el detonante de las protestas fue el anuncio de las nuevas retenciones realizado el pasado miércoles, lo que incrementa un 3 % más el impuesto a la soja.
«Nadie de los productores está de acuerdo con lo que están haciendo», explica desde la localidad de Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dominguez. Este agricultor de 75 años, de ascendencia pontevedresa, clama contra las medidas realizadas. «No queremos volver al 2008, queremos evitarlo», dice en referencia al mayor paro agropecuario acaecido durante ese año que duró 129 días. En esta ocasión, a diferencia del 2008, parece que la relación con el Gobierno aún no está rota del todo, dado que el paro es de tan solo cuatro días. Pero la cuerda está muy tensa y fuentes del Gobierno han asegurado que no habrá marcha atrás en las decisiones tomadas.
«El productor que anda más o menos bien, da mucho para vivir. Los pueblos viven del campo. Las retenciones no deben existir en ninguna parte», expresa el agricultor. En su campo convive la agricultura con la ganadería: 800 cabezas de ganado, trigo, y 400 hectáreas de soja. «Nos meten el 33 % en soja, impuesto a las ganancias, impuesto de la localidad… Al final, sin contar los costes, te queda el 50 %», cuenta Manuel. Según los agricultores, estas retenciones provocarán que la producción disminuya, que no haya inversión en tecnología y que se prescinda del uso de fertilizantes, además de que la siembra para el próximo ciclo pueda buscar alternativas de plantaciones distintas a las que hay actualmente.
La decisión del Ejecutivo fue anunciada a las cuatro principales agrupaciones agropecuarias argentinas en una reunión donde se buscaba el entendimiento entre ambas partes, pero que, dada las consecuencias, parece no haber contentado suficientemente. Entre las decisiones transmitidas a las agrupaciones, se encontraba una diferenciación de los porcentajes que debían pagar los productores más pequeños (20 %), en escalera hasta los productores mayores (33 %).
El momento con el campo es especialmente complicado teniendo en cuenta la sequía que viene azotando a la región desde los últimos dos años. Y además, el mercado de la soja, que fue una fuente remarcable de ingresos para Argentina, hoy es una sombra de lo que fue debido a la caída de su valor en el mercado internacional. Aún así, es el primer producto de exportación, con el 26 por ciento de las exportaciones totales y unos ingresos de 16.943 millones de dólares en el año 2019.