Continúa en el Parlamento la comisión del lácteo: SLG y Asaga denuncian que el ganadero «non ten poder» de negociación

Continúan las comparecencias en el Parlamento de Galicia en la Comisión no permanente especial sobre el precio de la leche en Galicia. Este jueves le tocó el turno a la secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, María Ferreiro Santos, y al presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), Francisco Bello Bello. Ambos aprovecharon, según Europa Press, para denunciar que los ganaderos «non teñen poder de negociación» cuando les llega una oferta de una industria.

Por su parte, Ferreiro ha recordado los antecedentes de la regulación del sector y ha señalado que, pese a los avances introducidos por el paquete lácteo, en los contratos «faltaba falar das condicións do prezo e da negociación». En este sentido, ha cuestionado el papel desempeñado por las organizaciones de productores lácteos (OPL), al considerar que no «foron capaces» de desarrollar negociaciones con consecuencias para los productores, a pesar de que «recibiron cartos públicos para poñelas en marcha».

En su intervención también ha puesto el foco en los costes de producción y ha lamentado que en Galicia el precio de la leche «está por debaixo» del precio estatal. Primeramente, ha señalado que el gasóleo agrícola pasó de 0,96 euros por litro en febrero a 1,40 euros a comienzos de septiembre, lo que supone un incremento del 45,6 %. Además, ha apuntado que el precio medio ponderado de la leche en Galicia se situó en julio en 44,38 euros por cada 100 litros sin IVA, frente a los 46,40 euros del conjunto estatal y los 49,10 euros de Asturias.

Asimismo, ha lamentado que en el 2025 Galicia bajó de las 5.000 granjas productoras de leche, aunque las explotaciones gallegas representan el 42 % de las granjas de leche del Estado y la comunidad continúa siendo la principal región productora.

El SLG también ha advertido de que podría haber «outro caso de cártel do leite» tras la renovación de los contratos en abril de este año. Por todo ello, Ferreiro ha expuesto las diferentes medidas que el Sindicato Labrego Galego considera que se deberían llevar a cabo ante la situación que atraviesa el sector ganadero gallego.

Así, ha propuesto una «identificación clara» en el etiquetado; el cumplimiento del paquete lácteo; apoyo público y administrativo a las iniciativas de transformación y comercialización directa; apoyo público «real» que garantice el relevo generacional; movilización de las tierras; y «traballar conxuntamente» sobre las prioridades de Galicia en cuanto a la política agraria común (PAC).

Finalmente, ha pedido activar las mesas de negociación, dar «cumplimiento» a la Ley de la cadena alimentaria, estudios públicos «claros» sobre los costes de producción, políticas públicas que «garanticen o relevo xeneracional», una PAC al «servizo das produccións galegas» con presupuesto sólido, y «por atención» en el cambio climático y nuevas enfermedades para el ganado.

Asaga

Por su parte, el presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), Francisco Bello Bello, ha subrayado que «non pode aceptarse como normal» que producir «coste máis» y que el ganadero tenga que vender la leche «cada vez máis barata».

«A pesar da lei de medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria, o gandeiro non dispón de capacidade negociadora real coa industria e as propostas de contrato enviadas se convirten en meros contratos de cesión, na maioría dos casos», ha asegurado Francisco Bello.

Por ello, Asaga ha considerado «básico» que se garantice el cumplimiento total de la ley de la cadena «reforzando os mecanismos de control e incrementando as inspeccións» en la parte de la industria y en la distribución.

A renglón seguido, ha incidido en que «non pode aceptarse como normal» que producir cueste más y que, al mismo tiempo, el ganadero tenga que vender «cada vez máis barato». Todo ello, debido a que los costes de producción «están completamente disparados» por factores que «non están na man do propio gandeiro».

«Esto non é mercadoo, é destrucción do valor no primeiro nivel a cadea. Aquí a Administración ten unha responsabilidade que non pode eludir, xa que dispón de información, de ferramentas de control e capacidade inspectora», ha señalado Bello.

De esta forma, Asaga ha reclamado «moita máis» inspección, control y actuación de oficio. «Non pedimos privilexios, non pedimos prezos intervidos, non pedimos que se eliminen as regras do mercado. Pedimos algo básico, que se cumpla a lei», ha subrayado.

Un ganadero que vende «por debaixo de custes», ha continuado Bello, no está obteniendo menos beneficios, sino que «perde diñero». En este sentido, ha denunciado que el ganadero «non está» en igualdad de condiciones para negociar ni para denunciar a quien le compra.

«A meirande parte das veces está obrigado a aceptar os contratos nos que se establece que o prezo estará por riba dos custos, para despois comprobar que a liquidación final converte a operación nuhna venda a perdas», ha lamentado.

Por ello, ha reclamado que cuando se detecta una oferta de la industria por debajo de estos costes se debería actuar de oficio y «con contundencia» desde la Administración competente. Finalmente, ha puesto el foco en la duración de los contratos que, mayoritariamente, son de tres a seis meses, lo que «favorece la inestabilidad y que no haya seguridad en el tiempo».

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