El Gobierno llevará al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que limita al 35 % la publicidad institucional en los medios
SOCIEDAD
También plantea obligar a los medios a hacer visible su propiedad
23 feb 2026 . Actualizado a las 19:51 h.El Gobierno tiene previsto llevar este martes al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, con el que busca limitar al 35 % la publicidad institucional en los medios de comunicación. El anteproyecto, según informan Efe y Europa Press, plantea obligar a los medios a hacer visible su propiedad. También las fuentes de financiación pública y de publicidad institucional. Con esta nueva legislación, el Ejecutivo pretende que se conozca cuánto dinero invierten en publicidad la administración general del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
El Gobierno dice que con ello se trata de cumplir con el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación (European Media Freedom Act o EMFA), aprobado por la UE y en vigor desde el 8 de agosto del 2025. Este reglamento contiene obligaciones para proteger la independencia editorial, el pluralismo y la transparencia del sector de medios, pero no establece en ningún momento un porcentaje límite de publicidad institucional.
La que lo hace es una normativa del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que lidera Óscar López, y que busca trasladar al ordenamiento jurídico español las disposiciones europeas, como una de las 31 reformas previstas en el Plan de Acción por la Democracia impulsado por el Gobierno en septiembre del 2024 y que afecta, entre otras instituciones, a los medios de comunicación, los partidos políticos y el Poder Legislativo.
Dicho plan contemplaba la reforma de Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de «transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación», así como limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios impulsados ni dependientes de estas administraciones. En resumen, evitar que las instituciones financien medios que no tienen viabilidad económica para que se conviertan en sus instrumentos.
El anteproyecto tendrá que ser aprobado en el Congreso para tramitarse como ley, y la coalición PSOE-Sumar no tiene los apoyos garantizados.
En materia de medios, el Ejecutivo también ha puesto en marcha otras reformas como la de las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación, o la reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de los servicios de medios de comunicación.
Asimismo, la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso, prevé la creación de un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación. Dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los medios de ámbito estatal deberán inscribirse y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad, el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países.