Un informe concluye que más de 4.000 mayores que murieron en residencias de Madrid durante el covid podrían haberse salvado
SOCIEDAD
El número de derivaciones a hospitales pasó de 120 diarias a 65, lejos de las 200 que se tendrían que haber producido
15 mar 2024 . Actualizado a las 18:48 h.La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid ha concluido que en marzo y abril del 2020 se produjo un exceso de mortalidad en las residencias de la región, el doble que en otras comunidades autónomas, estimando que si no se hubieran aplicado criterios «discriminatorios» se podrían haber salvado 4.000 vidas.
Esta comisión se constituyó en abril del 2023 a instancias de familiares y afectados, ante la falta de interés y voluntad de las autoridades políticas y judiciales para averiguar, analizar e informar sobre qué les sucedió a las personas mayores confinadas en las residencias durante las primeras semanas de la pandemia, tal y como recoge Efe. Los miembros del grupo, presidido por el jurista José Antonio Martín Pallín, presentaron este viernes las conclusiones en una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid. Aseguran que el Gobierno de la Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como por carecer de seguro privado.
La investigación se ha llevado a cabo a partir de los datos oficiales de la Comunidad de Madrid, así como de informes elaborados por organizaciones públicas y de la sociedad civil, artículos académicos, declaraciones de los comparecientes en la comisión de investigación de la Asamblea, resoluciones judiciales, artículos periodísticos y testimonios de familiares. También cuenta con información procedente de supervivientes de las residencias de mayores, trabajadoras de estos centros, autoridades, periodistas, profesionales sanitarios y miembros de entidades sociales.
El doctor Fernando Lamata explicó que las personas que fueron derivadas a los hospitales durante los meses marzo y abril tuvieron un porcentaje de supervivencia del 65 %, lo que, aplicado a las 7.291 personas que murieron en residencias sin ser derivadas, habría supuesto que «más de 4.000 personas podrían haber salvado su vida». Lamata explicó que el número de derivaciones pasó de 120 diarias a una media de 65 durante entre el 7 y el 31 de marzo, lejos de las 200 que se tendrían que haber producido, y subrayó que hubo «un cierre en las derivaciones que tuvo un impacto en un exceso de muertes» en las residencias.
Destacó también que el Ejecutivo madrileño no medicalizó las residencias en marzo y abril del 2020 y tampoco utilizó los medios alternativos existentes para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias ni derivó a pacientes a hospitales privados. Entre el 22 de marzo y el 23 de abril del 2020, estuvo funcionando un hospital provisional en Ifema, con 1.300 camas y 3.000 profesionales, con los que se podrían haber medicalizado más de mil camas en residencias.
En el informe también se recoge que los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes cuando se declaró la pandemia, que la respuesta del Gobierno regional al comienzo de la crisis del covid fue inadecuada y que la comunicación entre residentes y familiares, así como la información a los familiares fue «inapropiada e incompleta». Para la comisión, se vulneraron gravemente los derechos fundamentales de los residentes y de sus familiares y, sobre todo, el derecho a la verdad, puesto que no se ha investigado lo que ocurrió ni se han establecido responsabilidades ni reparaciones justas.