El informe de la Guardia Civil sobre el 8M afirma que «no se debería haber celebrado ninguna marcha en Madrid»

El atestado, que le ha costado el puesto al coronel Pérez de los Cobos, contiene conclusiones sacadas de artículos de prensa y de comparecencias de miembros del Gobierno


Redacción

El informe entregado por la Guardia Civil a la jueza Carmen Rodríguez-Medel que investiga la autorización de las manifestaciones del 8M, que le ha costado el cargo al coronel Diego Pérez de los Cobos, fue elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. En el informe se concluye que «no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria de la covid-19». Según los agentes, en esas fechas ya existía un «profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas».

«El Gobierno conocía ya desde el mes de enero la gravedad real de la pandemia por coronavirus», relata el informe de la Policía Judicial.

Ese atestado, cuyo contenido ha sido publicado en parte por eldiario.es y por otros medios, consta de 83 páginas y en él se recogen datos polémicos procedentes de informaciones de prensa o comparecencias de algunos miembros del Gobierno. Es el polémico documento de una operación policial bautizada como «Sanitario».

¿En qué momento se tuvo conocimento de la pandemia?

«El Ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque, reconoció en la tercera semana del mes de marzo de 2020, la gravedad del coronavirus desde el mes de enero de 2020, se indica en el informe, que añade que, en rueda de prensa junto al Ministro de Sanidad, Duque «explicó que los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero». «Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Este mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir los plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas de funcionamiento», se recoge, citando literalmente las palabras de Duque.

«Por tanto, el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus». Esa es la conclusión que obtienen los autores del informe, que estiman que el Gobierno «tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución contando con tales datos desde la primera semana del mes de marzo de 2020».

El papel de Fernando Simón

El atestado refiere también declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, el 28 de febrero, que fueron publicadas en el medio Redacción Médica.

Señala que Simón admitió ese día que había «transmisión comunitaria». En este caso, la conclusión de los agentes es que «este escenario define que no se puede contener el virus controlando a las personas que estén infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen estos».

En el texto referido, lo que se decía era: «Esto, según ha explicado, [Simón] se debería a que en los casos que se consideran por ahora ‘transmisión comunitaria' (Madrid y Sevilla) se han podido transmitir a un nivel ‘muy bajo'».

Las manifestaciones del 8M y el congreso evangélico

El informe alude a las recomendaciones hechas desde el Ministerio de Sanidad con anterioridad a las manifestaciones del 8M. «Las recomendaciones imperativas llevadas a cabo de los responsables sanitarios que asisten a las reuniones indica, sin lugar a dudas la preocupación de estos frente a la pandemia y su interés real en velar por la salud pública, precisamente impidiendo la celebración de eventos multitudinarios, hecho que confronta con la celebración, incluso en fechas posteriores en que el número de contagios acreditados era superior, de otra serie de eventos multitudinarios, tales como reuniones/manifestaciones que llegaron a congregar un número de personas muy superior al previsto para el Congreso [evangélico] Unlimited (recuérdese a modo de ejemplo que el Congreso preveía la congregación de 5.500 personas y que manifestaciones como la prevista por el 8M día internacional de la Mujer en Madrid tenía prevista la participación de 1.000.000 de personas». Finalmente, acudieron 120.000 personas, según las cifras del Gobierno, entre ellas la vicepresidenta primera, Carmen Calvo y varias ministras e incluso la esposa del presidente», señalan los agentes.

El informe hace hincapié en un documento llamado «Medidas de precaución relacionadas con el brote causado por el nuevo coronavirus en la Comunidad de Madrid». Un documento emitido el 5 de marzo del 2020 que incide sobra las medidas básicas de higiene y lavado de manos así como «evitar lugares con aglomeraciones de personas, tales como eventos multitudinarios o medios de transporte públicos en horas punta», relata entre otros argumentos. «Todas estas circunstancias hacen ver a la instrucción que a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo», concluyen los autores del atestado.

La reacción de Fernando Simón

Precisamente sobre este congreso evangélico se pronunciaba este martes en su comparecencia ante los medios Fernando Simón. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha contestado a por qué se consideró de riesgo este evento en marzo y no el 8M: «Antes del 6 de marzo, creo que el día 3, el ministro de Sanidad firmó un oficio con varias recomendaciones. Y entre lo recomendado estaba no realizar eventos de masas con participación de personas procedentes de zonas de riesgo, y la no celebración de congresos médicos para evitar que el personal sanitario que podía ser necesario no estuviera fuera de su lugar de trabajo o pudiese infectarse».

Simón ha asegurado que llegó a contactar con los promotores del congreso evangélico: «Estaba previsto que viniera gente de más de un centenar de países, entre ellos, de países de riesgo, lo que encajaba con el oficio del ministro, por lo que Salud Pública hizo una recomendación de no celebración de ese evento».

«Diciendo esto entenderán que los eventos que se produjeron después, entre el 6, 7 y 8 de marzo en España, no entraban en esa categoría», dice Simón. Y recuerda que luego el aumento del número de casos sí hizo cambiar las recomendaciones. 

¿Qué recomendaciones sanitarias conocía la Delegación del Gobierno?

La investigación cita además dos resoluciones de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid del 6 de marzo para argumentar cuál era la situación de alerta a dos días de la celebración de las manifestaciones del 8M. Una de las resoluciones hace referencia a la suspensión en aquel momento por un mes de «las prácticas en los centros sanitarios, todo ello motivado por la emergencia de salud pública causada por el covid-19, y considerando la misma como excepcional y urgente». En la segunda, que tiene que ver con las medidas a llevar a cabo en los centros de mayores se resalta que «existe un riesgo inminente y extraordinario para la salud pública y en particular para los usuarios y trabajadores de los centros de mayores». Del mismo modo, se relata cómo estas advertencias fueron comunicadas por correo electrónico a la Delegación del Gobierno de Madrid.

Este documento de la Guardia Civil relata a través de 83 páginas cómo se gestionó la crisis del coronavirus en España. Desde la aparición de los primeros casos en Wuhan hasta los primeros contagios en territorio español. También las medidas que se fueron tomando de forma cronológica para proteger a la población.

Al hilo de los anteriores documentos, la Policía Judicial destaca que la Delegación del Gobierno les especificó el 20 de abril que no habían recibido recomendaciones sanitarias anteriores al 14 de marzo del 2020 sobre los riesgos que podría «representar la celebración de concentraciones masivas o multitudinarias en la vía pública, así como por parte de ningún organismo oficial español o internacional dando instrucciones, recomendaciones o prohibiciones la Delegación del Gobierno relacionadas con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante».

Las recomendaciones de distanciamiento social

La Guardia Civil también pone de relevancia en este informe la existencia de un documento a 28 de febrero del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno en el que se «hace alusión a las recomendaciones de distanciamiento social recordando que 'son más importantes las medidas higiénicas de lavado de manos y la distancia de seguridad que el empleo de mascarillas de forma indiscriminada'. Del mismo modo se incluyen las declaraciones de promotores de otro tipo de protestas y manifestaciones que se comunicaron con el ente madrileño para cancelar sus eventos debido a la crisis sanitaria. Varios de ellos, cancelaron sus convocatorias días antes de la protesta del 8M por el «miedo» de los mismos al coronavirus o «dada la situación el riesgo de contagios».

«De las 35 -manifestaciones- desconvocadas, 26 ha sido motivada su desconvocatoria por la crisis sanitaria del covid-19, de las cuales 14 han sido instadas por los propios promotores y 12 han sido instadas por la Delegación del Gobierno mediante llamada telefónica», relata la Guardia Civil que insiste en que la primera manifestación desconvocada por los promotores de la misma tuvo lugar el 5 de marzo. Apunta la Policía Judicial en el documento que en la Delegación del Gobierno había un «especial interés de que fueran los propios asistentes lo que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones» y que el organismo madrileño tenía «amplio conocimiento de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el covid-19». Destaca además el documento que se celebraron concentraciones con fecha posterior al «conocimiento generalizado» de la sociedad de la grave crisis sanitaria y el riesgo de contagio y que algunas se celebraron el 10,11 y 12 de marzo, «incluso una de ellas celebrada el 14 de marzo» fecha en que se encontraba en vigor el decreto del Estado de Alarma.

La llegada de aficionados italianos

El informe de la Policía Judicial apunta además a la llegada de hinchas italianos a Valencia como factor de riesgo de contagio: «Aficionados del Atalanta, un club de la región de Lombardía, la más afectada».

«Cabría la posibilidad de que multitud de ciudadanos provenientes de zonas de riesgo hayan infectado a la población española», relata el documento. El Gobierno no vetó el tráfico de vuelos con Italia hasta el 10 de marzo.

Marlaska destituye al coronel Pérez de los Cobos, que investigaba la manifestación del 8-M y la gestión de Fernando Simón

LA VOZ

Sectores del Instituto Armado relacionan la decisión con los informes judicializados sobre el origen de la crisis sanitaria del coronavirus

La crisis del coronavirus se ha cobrado ya su primera víctima entre los cargos de confianza que dependen del Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó este lunes al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por considerar que se ha producido una falta de lealtad por el responsable del instituto armado al no informar previamente a sus mandos directos ni a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, de la investigación que había abierto por la extensión del covid-19 en Madrid. Esas pesquisas incluían la actuación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dirigida por el doctor Fernando Simón y las posibles responsabilidades en la que hubiera podido incurrir la Delegación del Gobierno en Madrid al frente del socialista José Manuel Franco al autorizar manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo, incluida la marcha del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

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