La Manada abre un pulso entre poderes

Más de 750 jueces denuncian ante Europa el «linchamiento» del tribunal y critican a los políticos

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redacción / la voz

El auto del tribunal de Navarra que condena a los miembros de la Manada a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual, y no agresión sexual, ha abierto un pulso entre el poder Judicial y Ejecutivo, cuestionando al mismo tiempo la independencia de cada uno de ellos. Ayer 750 magistrados de toda España lanzaron un nuevo envite contra los políticos que apoyaron las protestas, arremetiendo además contra sus comentarios a través del Twitter. El colectivo presentó una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos para comunicarles, como informa Europa Press, la «gravísima amenaza» contra la independencia judicial que implica lo que tachan de «linchamiento público, con la complicidad y el aliento de políticos», contra el tribunal de la a Audiencia Provincial de Navarra que dictó la sentencia, especialmente contra el que pronunció el voto particular. Denuncian además que se ha desatado una «presión social» contra los tres miembros de ese organismo navarro sin que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya contestado eficazmente a las amenazas contra la separación de poderes. En una nota enviada al organismo europeo hablan de su desprotección

«Ante las interferencias del Ejecutivo y del Poder Legislativo» rogándole que se pronuncie sobre la reacción del Gobierno español contra el auto en lo que puede suponer, dicen, un «ataque a la independencia y la legitimidad del Poder Judicial».

Adjuntan con el escrito el auto que defienden al explicar que el tribunal que dictó la resolución es «muy experimentado» y que creyó «la versión de la víctima», si bien uno de los magistrados formuló un voto particular defendiendo la absolución. De ahí que lamenten «la reacción inmediata». Recuerdan además comentarios lanzados en Twitter por políticos del PSOE o Podemos como el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o como Pablo Iglesias criticando el fallo.

Sobre la inhabilitación

No dejan de mencionar diferentes acciones puestas en práctica en Internet como la petición de inhabilitación de los tres jueces del tribunal o las manifestaciones celebradas en repulsa a su fallo. A su juicio resulta especialmente reprobable el hecho de que fueran enviados mensajes con la foto, nombre y primer apellido del magistrado discrepante a quien llegó a llamársele, dicen, «escoria humana».

No olvidaron incluir tampoco las palabras del exministro Rafael Catalá cuando apuntó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «debía revisar el voto particular» del que dijo, como recoge Europa Press, tenía un problema y que «todos lo sabían».

Los jueces admiten la libertad de expresión pero creen que el derecho a criticar tiene «unos límites».

El militar vuelve a estar activo sin destino y cobra el sueldo base, como el guardia civil

Mientras la sentencia no sea firme el militar Alfonso Jesús Cabezuelo y el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, dos de los condenados en el caso de La Manada, están activos en sus respectivos cuerpos, pero ninguno de los dos tiene destino. El Ministerio de Defensa tuvo que reincorporar al servicio al primero, pero no le dará destino.

Fuentes de ese departamento del Gobierno apuntaron ayer que «no se podía evitar» su reincorporación al servicio activo porque se produce, como recoge Efe, «de manera automática en aplicación de la ley». Esto implica que el militar recupera la totalidad del sueldo base -del que cobraba el 75 % mientras estaba suspendido- pero sin complementos.

Por su parte, el Guardia Civil no dejará tampoco de cobrar, de momento, su salario base a la espera de sentencia firme. Su caso es parecido al anterior porque, como recoge Europa Press, está «activo sin destino».

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