Arrugas entre rejas

España cuenta en la actualidad con unos 2.300 reclusos mayores de sesenta años pero no dispone de ningún centro especializado para atender las necesidades de estos internos

«Estuve una temporada en preventivo. Mezclado con gente de todo tipo: violadores, asesinos... Ahí te encuentras de todo. Conmigo, nunca se metieron, pero es desagradable presenciar peleas. Llegas a vivir escenas incómodas. Es duro. Muy duro». Es el testimonio de Juan Suárez Mariño, un obrero con décadas de andamio a sus espaldas al que la crisis condenó al paro, y algunas alcoholemias al volante lo llevaron a compartir celda con peligrosos delincuentes.

El suyo no es un caso aislado. Aunque existe la creencia de que, llegada una edad, uno puede hacer lo que sea que no va a la cárcel, la realidad tumba el mito. Cada vez es más frecuente ver condenas a mayores de sesenta, setenta e incluso ochenta años. Los números hablan por sí solos. En España, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene registrados cerca de 2.300 reclusos que superan la sexta década de vivencia. Se trata del 3,8 % del total de la población interna, que a 30 de mayo del 2017 ascendía a 59.195. De ellos, unos 350 son mayores de setenta, y medio centenar sobrepasan los ochenta. Sin embargo, en todo el país no existe ni un solo centro especializado para atender las necesidades de estos internos que, en muchos casos, se ven obligados a compartir espacio con delincuentes de elevado grado de peligrosidad.

Nuestro país no es el único con esta carencia. Pocos estados cuentan con centros geriátricos, o módulos específicos, para los mayores que entran en prisión. Sin embargo, son varios los que están tratando de adaptarse al notable aumento de la delincuencia en edades avanzadas, con la creación o adecuación de espacios para esta población reclusa que crece. Suiza, Alemania, Gran Bretaña o Estados Unidos son ejemplos de naciones sensibilizadas. España, en cambio, sigue el camino contrario. Ha pasado de tener un geriátrico penitenciario en la Modelo de Barcelona, dependiente eso sí de la Generalitat de Cataluña, a quedarse sin ningún centro especializado tras el cierre de esta prisión el pasado mes de junio.

La Ley española, como las de la mayoría de los países, no recoge un tratamiento especial para los reclusos por su avanzada edad. La única distinción que hace es para los menores. La misma que establecen las Reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas o las Reglas Penitenciarias Europeas de 1987. La vejez tampoco es un motivo, de forma aislada, para obtener la excarcelación. Sí puede ayudar, pero como un factor más que no está explícitamente recogido en ningún artículo del Código Penal. Así lo apuntan desde la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria de A Coruña: «Tiene que haber una pérdida de capacidad para delinquir. Son las mismas variables que para una persona de cualquier edad. Sucede que, cuanto mayor es el recluso, mayor número de patologías puede reunir, con lo cual su pérdida de capacidad para delinquir será mayor y las posibilidades de excarcelación aumentan».

Otra alternativa que apuntan desde el ministerio fiscal es la concesión de la libertad condicional. «También está sujeta a una serie de supuestos y requisitos que, en caso de presos de 65 años con 5 de condena cumplidos, o que tengan 70, pueden salvar algunos de los requisitos. Pero, simplemente por su edad, sin más, tampoco se les concede la libertad condicional».

Hace diez años, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hubo un intento de regular la situación. O, por lo menos, adecuar algunos espacios a las necesidades de esta tercera edad que empezaba a repuntar en lo que a población penal se refiere. Concepción Yagüe, entonces Subdirectora General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, dirigió un amplio estudio sobre la ancianidad en las cárceles españolas, que se publicaría dos años después bajo el título «Análisis de la tercera edad en el medio penitenciario». Este tratado es el germen del Protocolo de Atención Integral a la Ancianidad en el Medio Penitenciario que entró en vigor en el 2011.

«Aquel estudio nos aportó numerosa información sobre las necesidades de los reclusos y los recursos, o más bien falta de ellos, de los centros penitenciarios. Para empezar, hay que señalar que se trata de un grupo escasamente conflictivo, lo cual favorece su atención. Hicimos una visión holística de las necesidades y circunstancias de las personas mayores y comprobamos la existencia de muchos problemas de movilidad, y que no había celdas específicas para ancianos en las que, por ejemplo, hubiera un baño cerca por necesidades de micción nocturna o una lámpara de fácil encendido. Pudimos observar también la importancia de contar con sillas con respaldo por los numerosos problemas de espalda que suelen padecer estas personas», explica Yagüe, en la actualidad directora de programas del Centro Penitenciario de Sevilla.

El protocolo con grado de instrucción, que sigue en vigor, recoge una serie de medidas dirigidas a las direcciones de los centros. Se recomienda una ubicación residencial idónea para los mayores, en plantas bajas, con acceso inmediato al aseo, ventilación, evitar literas... El mobiliario también cobra importancia, así como el permiso para utilizar objetos prohibidos para otros internos, como un ventilador o una máquina de afeitar eléctrica. La instrucción dada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aboga, asimismo, por buscar la implicación del recluso en la elaboración del menú semanal o facilitar las comunicaciones especiales (sin barreras) con los familiares directos (pareja, hijos, nietos...). Evitar medios coercitivos, sanciones de aislamiento o facilitar un régimen de recompensas similar al de los internos que realizan trabajos son otras de las medidas que promueve el protocolo. Todas estas actuaciones han de ir acompañadas de un informe trimestral de la dirección de cada centro para controlar su cumplimiento.

Ocho años después, y tras un cambio en la dirección de Instituciones Penitenciarias, la instrucción es papel mojado. «Empezó haciéndose un seguimiento trimestral. Además, cada cierto tiempo, se les preguntaba a los responsables de los centros qué estaban haciendo. Pero hubo un cambio de Gobierno y dejó de hacerse. No hay recogida de datos. Y, como todos sabemos, el ojo del amo alimenta al caballo. Con esto quiero decir que, como no te exigen, si ves que ha dejado de tener importancia para la secretaría general, pues dejas de hacerlo. Esto es política pública. En demasiados casos, si no hay recompensa pública, no actúas", reflexiona Concepción Yagüe.

Programa de entrenamiento de la memoria

No ha sido el único gran intento a nivel nacional a la hora de actuar con los reclusos de avanzada edad. En el año 2015, José Luis Fernández Orviz, funcionario penitenciario en Valencia, psicólogo y máster universitario en Gerontología y Atención a las Personas Mayores, y en Dirección y Gestión de Centros Penitenciarios, trató de poner en marcha un programa de entrenamiento de la memoria. Se trataba de un proyecto para la creación de una unidad de memoria para internos mayores de 65 años en el establecimiento penitenciario en el que desarrolla su labor. Nunca se llevó a cabo, ni en la capital del Turia, ni en ningún otro centro.

«Aunque una persona con sesenta años, en la mayoría de los casos, tiene capacidades físicas y psíquicas más que suficientes para poder desenvolverse, es cierto que cada vez se vive más años, y en mejores condiciones, lo que nos llevará a encontrarnos gente de edad bastante avanzada en prisión con los problemas de salud que suelen acompañarlas. Con el paso de los años, en los casos de largas condenas, llegarán a la ancianidad con una considerable merma de facultades que deberían empezar a abordarse de forma preventiva y multidisciplinar», reflexiona el autor del proyecto.

Después de un cuarto de siglo de labor en diferentes penales, Fernández Orviz apoya la teoría de Concepción Yagüe sobre la no aplicación de la instrucción del año 2011. «Por mi experiencia personal, las personas mayores que se encuentran en prisión reciben una atención especializada escasa.Sí reciben atención médica como en el resto de los centros penitenciarios, pero no se cuenta con especialistas en Gerontología. En definitiva, no se hace un abordaje específico con este grupo de edad», subraya.

Juan Suárez, que disfruta de la libertad desde hace pocos meses, relata su experiencia dentro: «Yo soy un ejemplo de preso que no es conflictivo y que estaba en medio de otros que sí lo eran. Tuve varias etapas en la cárcel. La última ya me tenían como interno de confianza. Me pusieron a vigilar a uno para que no se suicidara. Pero, en realidad, yo pensaba: 'Y si se quiere suicidar, ¿quién soy yo para evitarlo?' Si yo mismo, alguna vez.... Son muchas horas metido en la celda y pasan muchas cosas por la cabeza. Llegué a pensar en matarme para no estar allí. Porque perdí todo lo que tenía. Como estaba preso y no podía renovar el paro, pues me quedé sin ayuda. Perdí los animales. Me cortaron la luz. Cuando salí, estaba en la ruina», recuerda.

Uno de los aspectos que más le llamó la atención durante su estancia en prisión fue «la cantidad de droga que había. Muchos viven de eso. Allí, todo el mundo sabe quién es quién». Droga que genera conflictos, principalmente en los módulos en los que convive gente más joven: «Una de las veces estuve en el módulo 14. Con toda la chavalada. Si no conoces aquello, acojona. Están allí todos juntos, en pandillas, y joder si da miedo. Por cualquier cosa te armaban lío. Vi gente a la que le levantaron la mano por negarles un pitillo. O le tiraban las cosas al suelo... Y, en medio de todo eso, tienes que envalentonarte. No puedes achicarte, porque es tu fin. A mí me vino uno, que le gustaba mi reloj. Tuve que ponerme firme. Me comí el miedo y le respondí serio y firme. Nunca más».

Los delitos contra la salud pública, el patrimonio y la libertad sexual, los más cometidos

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Casi seis cientos reclusos mayores de sesenta años están internos por tráfico de drogas

El tráfico de drogas es, sin duda, el delito que cuenta con mayor número de personas de avanzada edad en los diferentes centros penitenciarios del país. Según los datos facilitados por el Portal de la Transparencia del Gobierno de España, con fecha de 31 de marzo de este año, casi seis cientos internos mayores de sesenta están cumpliendo pena de prisión por este motivo. Los delitos económicos son en los últimos años los que mayor repunte han mostrado, impulsados por la crisis económica que azota España desde hace casi una década. En este sentido, cerca de 500 presos que rozan o atraviesan la vejez están recluidos por infracciones dolosas de tipo económico.

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Pero la experiencia de Juan en un módulo en el que coincidió con gente más veterana tampoco fue productiva: «Era una galería destinada a gente mayor, pero sin los cuidados necesarios para su edad. Olía fatal, porque había mucha suciedad. Algunos de los más mayores no se aseaban. Unos no podían. Otros no querían. El caso es que nadie les obligaba. Así que, al final, el módulo destinado a estar tranquilos, acababa siendo el más desagradable», se lamenta.

Desde la Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), también se observa el problema de la falta de medios para tratar a los mayores. Así lo explica Pedro Vázquez, delegado en A Coruña: «Es una situación que va en aumento. En los noventa casi no había reclusos que envejecían en las cárceles. La esperanza de vida de los internos era muy inferior a la actual. El sida, las drogas... acababan con ellos. La atención y la sanidad han mejorado tanto que en la actualidad sí que sucede. Y también se ve que es mucho mayor el número de los que delinquen por primera vez a edades avanzadas. Pero este crecimiento no ha llevado a la administración a regular espacios para ellos. Su destino, la mayor parte de las veces, es la enfermería o módulos de respeto o baja conflictividad. Porque el perfil de estos internos suele estar marcado por la tranquilidad. En la enfermería, hay que decir que tienen un cuidado excelente. Podría decirse que muchos, y que no se me mal interprete, están mejor que en sus casas, porque tienen la medicación y sus hábitos controlados. Lógicamente, les falta la libertad».

El geriátrico de la Modelo, un ejemplo que dejaron morir

Un grupo reducido de 20 reclusos, atención médica diaria, amplias zonas comunes, habitaciones en lugar de celdas y cortinas en vez de puertas eran algunas de las señas de identidad del módulo del centro penitenciario barcelonés, que cerró en junio

Esta realidad penitenciaria que vive España tuvo un contrapunto hasta hace unos meses en Cataluña. La cárcel Modelo de Barcelona, cerrada el pasado junio, era el único centro penitenciario del país que contaba con un geriátrico. Con la clausura del penal, los reclusos fueron trasladados en su mayoría a otro centro catalán, ya que esta comunidad tiene transferidas las funciones judiciales, pero sin las atenciones a los ancianos que tenían en la Modelo.

En el módulo geriátrico convivían 20 internos, la mayoría de más de setenta años. Aunque se encontraba dentro del centro penitenciario y cumplía con una normativa común, en algunos aspectos funcionaba como una galería con cierta independencia.

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Aunque aboga por una regularización de la situación de este tipo de reclusos, Vázquez no es muy partidario de una disgregación. «La evolución ha ido hacia centros polivalentes. Incluso se están planteando cerrar los dos psiquiátricos que hay en España. Es obvio que habría que estudiar la situación si esto sigue creciendo como hasta ahora. Lo que está claro es que, si la población interna de avanzada edad sigue aumentando, habrá que dotar a los centros de recursos o especialistas», subraya.

Silencio administrativo por parte de Instituciones Penitenciarias

Es esta una realidad a la que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que dirige Ángel Yuste, vive de espaldas. Ni la contempla, ni le interesa abordarla. Tanto que, desde hace meses, ha venido negando sistemáticamente a este diario datos estadísticos relativos a la tercera edad en los centros penitenciarios, además de prohibir a diferentes funcionarios realizar declaraciones al respecto. Tampoco ha sido posible acceder a que ningún representante de la secretaría respondiera a las denuncias. Un silencio administrativo que no impide que cada día sean más los mayores que, incluso mermados por sus facultades físicas, tratan de sobrevivir al otro lado de ese muro sin fin que los separa de la libertad.

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