Las familias que se han quedado sin posibilidad de adoptar en Burundi y Etiopía tras dar miles de euros piden ayuda a Exteriores y estudian denunciar a la ECAI
24 feb 2017 . Actualizado a las 10:51 h.Todavía están en estado de shock. Son unas ochenta familias, la mayoría gallegas, que habían iniciado hace años los trámites para adoptar en Etiopía y Burundi. Tras aportar miles de euros, hace unas semanas la entidad colaboradora que gestionaba sus adopciones (ECAI) les pidió una aportación económica para tener viabilidad y seguir con el proceso. Se exigía que al menos veinte familias pagasen, pero no se reunió el número suficiente y la ECAI cerró. Se han quedado sin posibilidades de hacer la adopción.
Una de estas familias es la del gallego Manuel Alfonso López Canedo. Para él, «mataron a 80 familias en vida». Porque puede no parecer una desgracia, pero cada uno la vive en su casa, «a mí ya me mataron el ser padre», cuenta. Tras varios procesos de reproducción asistida convenció a su mujer para adoptar, «y mientras me queden fuerzas daré la lata, porque esto se cerró porque se gestionó mal». Las familias que querían adoptar en Burundi, como es el caso de Alfonso, están pensando en dirigirse al Ministerio de Asuntos Exteriores por si existen posibilidades de seguir tramitando las adopciones por vía diplomática. Una de las quejas de las familias es que la ECAI nunca les habló de los problemas económicos hasta que de repente les soltó que había que poner siete mil euros más u olvidarse de la adopción. «Hubo familias que en noviembre o diciembre hablaron con ellos y no les dijeron nada», cuenta Alfonso.
A Lorena Fernández Gómez, de Jerez, la llamaron ayer por la mañana de la Xunta, «no he sido capaz de decir nada por la impotencia», dice. Hay diez familias andaluzas en su situación y quieren ponerse en contacto con Exteriores «simplemente por humanidad espero que no dejen tiradas a un montón de familias que teníamos esperanzas». Lorena se sorprende de que de repente, y tras haber entregado más de ocho mil euros, desde la ECAI les pidieran otros siete mil y en un plazo muy breve de tiempo, «perdone, señora, no todo el mundo tiene ese dinero, yo estoy pagando un préstamo de lo que tuve que aportar antes», explica.
La denuncia a la entidad colaboradora en estos procesos, Addis Galicia, es para Lorena la última opción, porque «perderíamos todo derecho a la adopción. Lo haríamos en última instancia para que no volviese a pasarle a nadie». Al igual que otras familias, se siente engañada. «Tú pasas por un montón de trámites y después la Xunta te dice que has contratado una empresa privada que nada tiene que ver con ellos, pues algo tendrá que ver cuando son ellos los que nos llaman», concluye.
Mónica Touriño es una de las 51 familias que se han quedado sin adoptar en Etiopía, prácticamente todas gallegas. Desde que se enteró de que les pedían una nueva cantidad de dinero y que pese a darlo no había ninguna garantía de que finalmente hubiese adopción, tuvo claro que no seguiría con el proceso. Quiere denunciar, pero necesita que otras familias se pongan en contacto con ella para hacer fuerza de forma conjunta, «economicamente estou moi débil, claro que me gustaría denunciar, pero teño que mirar cómo».
En su caso tiene una niña ya, de Etiopía, y desde que comenzó el segundo proceso todo le sonó raro por la prisa con la que le pidieron el dinero, algo que no ocurrió en su primera adopción, «estou convencidísima de que o sabían todo e o fixeron para poder subsistir durante este tempo», cuenta. En su caso, «podo ter nenos, e isto impediume que decidira ter un neno biolóxico, agora vou cumprir 42 anos, non é o mesmo que hai cinco anos, e xa me impediron tomar esa decisión».
La Xunta preguntó a Madrid
Las familias piden respuestas y responsabilidades, porque saben que las adopciones internacionales son lentas y difíciles pero creen que hubo mala gestión. Además, nadie les informó durante este tiempo de los problemas económicos que tenía la ECAI. En total son 81 familias, la mayoría, 51, con expedientes abiertos en Etiopía y 30 en Burundi. Para mantener la viabilidad de la entidad era preciso que 20 familias decidiesen seguir en el proceso y aportar el dinero, pero solo 14 dijeron que sí. Por su parte, la Xunta preguntó al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales si podría asumir los expedientes, pero les dijeron que únicamente puede hacerlo un organismo acreditado.