Los Gobiernos dejan de confiar solo en las campañas informativas y optan por impuestos y prohibiciones para atajar la epidemia de obesidad
11 nov 2013 . Actualizado a las 13:23 h.En Estados Unidos el azúcar mata a tanta gente como el tabaco, y por eso el Gobierno ha decidido emprender una ofensiva similar a la que llevó contra los cigarrillos. Temeroso de que la obesidad se convierta en un problema de seguridad nacional, la Casa Blanca ha emprendido una doble línea de actuación, similar a la acometida con el tabaco: aumento impositivo para hacer más difícil acceder al producto peligroso y prohibiciones en la venta de productos, todo ello unido a las ya conocidas campañas para modificar los hábitos alimentarios de la gente.
Esto último no es nada sencillo. Como decía el nutricionista Grande Covián, «es más fácil cambiar de religión que de dieta», y los esfuerzos de Michelle Obama por hacer que los niños se muevan (su campaña es Let?s move) chocan con algunos datos impresionantes: la mitad de la población de más de dos años consume bebidas azucaradas a diario (como comparación, en Galicia es menos del 6 %); y la ingesta de fructosa -que causa hígado graso en niños- pasó en cien años de 15 gramos diarios a 135.
Por eso, además de animar a moverse, en muchos estados hay tasas para las bebidas azucaradas; San Francisco prohibió hace años que se regalen juguetes con la comida basura; Nueva York vetó las grasas trans (que ahora se prohibirán en todo el país), obligó a las cadenas de comida rápida a publicar el contenido calórico de cada alimento, e intentó sin suerte prohibir los envases XXL de refrescos.
Más impuestos, menos consumo
Ese parece ser el camino, tal y como indica un estudio de la Universidad de Oxford publicado en el British Medical Journal, según el cual los impuestos alimentarios que penalizan la comida rica en grasas y las bebidas azucaradas son eficaces para mejorar la salud de la población mundial. Claro que la subida debe ser del 20 %, algo bastante complicado, ya que México, que tiene al 70 % de la población adulta con sobrepeso severo y obesidad, ha decidido subir un 8 % la tasa de los refrescos. Cataluña y Baleares anunciaron a su vez una tasa para estas bebidas, pero la cuestión acabó en el cajón por cuestiones de agenda.
Los fabricantes españoles de refrescos, Anfabra, han hecho lo posible para parar el impuesto porque afecta a la competitividad de las empresas, es discriminatorio (no se aplica a todos los que venden alimentos con azúcar) y el sector ya paga 550 millones de euros anuales en tasas. Además, entienden que España no es México, donde la falta de agua potable estimula el consumo masivo de refrescos, mientras que el 50 % de los españoles (56 % de los gallegos) aseguran no tomar nunca o casi nunca una bebida azucarada.
Junto a la tasa dulce, se están tomando otras medidas: Brasil, Chile y el Reino Unido han prohibido la comida basura en los colegios, y en España no se permite que las máquinas expendedoras de los recintos escolares ofrezcan este tipo de alimentos llenos de calorías vacías.