China y Japón, la segunda y la tercera economías mundiales, acuden hoy a la Cumbre del Cambio Climático de Doha con visiones opuestas sobre cómo afrontar la lucha contra el calentamiento global, y las disputas territoriales que les enfrentan este año no ayudarán en el logro de consensos.
China, la mayor emisora mundial de dióxido de carbono, defiende que los países desarrollados, Japón entre ellos, son los que deben tener obligaciones concretas de reducción de emisiones, y ayudar a los países en desarrollo a que lo hagan pero en menor medida.
Por su parte, Japón reniega del Protocolo que lleva el nombre de su antigua capital imperial, Kioto, al que no considera justo ni efectivo, y llega a Catar con la determinación de no aceptar nuevos compromisos a menos que grandes contaminantes como China, EEUU y la India estén sujetos a restricciones similares.
Esta semana, el máximo negociador chino en Doha y en cumbres climáticas anteriores, Xie Zhehua, aseguró que China va a la cumbre con «mentalidad abierta», aunque casi con la misma estrategia que abanderó en Copenhague (2009), Cancún (2010) y Durban (2011), y que la enfrentó a las grandes economías desarrolladas.
«Continuaremos impulsando las negociaciones, pues el cambio climático es un reto común, aunque nuestra actitud continúa sin cambios», reconoció el también vicepresidente de la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo.
China sostiene que aunque no tenga obligaciones externas para reducir las emisiones, va a hacerlo mediante sus políticas nacionales, dado que en el país ha aumentado la concienciación sobre la degradación ambiental (y las protestas ciudadanas por ello).
Afirma, por ejemplo, que el país evitará la emisión de 730 millones de toneladas anuales mediante la puesta en práctica de 4.500 proyectos de energías alternativas.
Sin embargo, con idéntica determinación mantiene que ha de seguirse en la lucha contra el cambio climático el principio de «responsabilidades compartidas pero diferenciadas», según el cual los países desarrollados deben hacer mayores esfuerzos en la lucha contra el cambio climático que las naciones emergentes, por haber contaminado durante más décadas de la historia reciente.
Uno de los pocos asuntos relativos al medio ambiente que se debatió en China en 2012 fue la frustrada iniciativa de la UE de cobrar a las líneas aéreas extranjeras por sus emisiones en el cielo europeo.
«Nunca la aceptaremos», aseveró esta semana Xie, afirmando que el acuerdo era unilateral y violaba los pactos internacionales sobre navegación aérea y política medioambiental.
Respecto a Japón, al igual que Canadá y Rusia, ya ha adelantado su rechazo a suscribir una extensión del Protocolo de Kioto (el llamado Kioto 2) porque considera que no tiene sentido fijar un segundo periodo de obligaciones sólo para un pequeño grupo de países desarrollados que generan apenas el 26 % de las emisiones globales.
Tokio defenderá un nuevo documento legal más amplio que el de Kioto, aunque tampoco descarta algún tipo de implicación, que no ha definido, en un acuerdo que no le obligue a aceptar un objetivo concreto de reducción.
El Protocolo de Kioto comprometía en su día a Japón a reducir sus emisiones un 6 % respecto a los niveles de 1990, aunque en 2009 el Gobierno nipón fue más allá y estableció la ambiciosa meta de reducirlas un 25 % para el año 2020.
Pero el cumplimiento de aquel compromiso es especialmente difícil tras el desastre de marzo de 2011 en la central nuclear de Fukushima, que ha llevado a paralizar casi todas las plantas atómicas del país y a aumentar el ritmo de las centrales térmicas.
Japón no tiene intención de revisar ese objetivo de reducción del 25 % en Doha, pero el Ministerio de Medio Ambiente ya ha dejado muy claro que no hay modo de que el país pueda mantenerlo en las condiciones actuales.
Los cálculos más recientes apuntan a que, si ningún reactor se pone en marcha, las emisiones niponas se podrían reducir un máximo del 13 % por ciento para 2020.
En cualquier caso, una nueva meta de reducción no se establecerá en Catar, sino sólo una vez que Japón defina una nueva estrategia energética nacional sin depender de lo nuclear, una fuente de energía que el actual Gobierno busca eliminar totalmente para el año 2030.