Responsables del programa se reúnen en Madrid para diseñar el plan
30 oct 2012 . Actualizado a las 07:00 h.En inglés. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, hizo gala de sus conocimientos en lengua británica en el congreso PISA for Schools (PISA para los colegios), que se está desarrollando en Madrid, y que tiene como objetivo determinar si los próximos informes de evaluación educativa de la OCDE incluyen un ránking de centros escolares, además de los ya existentes de países y autonomías. Los defensores de la medida avisan desde el minuto cero que este ránking incluiría un corrector del contexto socioeconómico.
La idea cuenta con el total apoyo del Gobierno español. José Ignacio Wert explicó ayer cuál es la postura oficial: «Estamos comprometidos con PISA hasta el final, no solo en la situación actual, sino también en las nuevas iniciativas, especialmente en PISA para colegios, en la que queremos ser uno de los rompehielos». Para Wert, PISA ha sido fundamental para la educación patria: «De alguna forma dada la situación de nuestro sistema educativo, PISA salvó nuestras vidas. Si no fuera por ella no tendríamos pista alguna sobre el estado de nuestro sistema». El ministro explicó en su discurso que «la cultura de la evaluación estaba casi totalmente ausente» en España, algo negativo cuando la globalización hace que la competencia sea internacional.
La idea PISA -que cada tres años valora los conocimientos en matemáticas, ciencia y lengua de los jóvenes de 15 años- está detrás de muchas de las medidas que se recogen en la nueva reforma educativa, como las reválidas de control al término de cada etapa o la autonomía de los centros para que mejoren su rendimiento y prestigio.
Reunión con las CC AA
Si por la mañana Wert hablaba de las bondades de su reforma educativa (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, o Lomce), por la tarde tuvo que escuchar las críticas de las comunidades no populares a la misma. La conferencia territorial de educación se saldó con la petición vasca de que se retire la reforma de la ley; el aviso catalán de que se llevaría al Tribunal Constitucional; y la acusación canaria de que es una norma «mercantilista».
Al parecer no fueron estas las únicas críticas que recibió el ministro por su ley, pero las realizadas desde autonomías del PP se hicieron con matices y en voz baja.