Los médicos encargados de las interrupciones voluntarias del embarazo podrán pedir un informe a un psicólogo o a un trabajador social para decidir si las jóvenes de 16 o 17 años pueden abortar sin el consentimiento paterno y siempre que aleguen que son víctimas de «coacción o violencia intrafamiliar». Así figura en el desarrollo reglamentario de la nueva ley de plazos para el aborto, que fue aprobada por el Congreso, y que entrará en vigor el próximo 5 de julio, según confirmó ayer la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.
La ministra recordó que las mujeres menores de edad que quieran interrumpir su embarazo deben contar siempre con el permiso paterno, materno o de sus tutores legales antes de acudir al médico, salvo en los casos en que la joven alegue que facilitar esa información le supone un conflicto grave que puede provocar «coacciones o violencia intrafamiliar». En ese caso, las chicas de 16 y 17 años que argumenten su temor a esos posibles conflictos se lo comunicarán al médico encargado de poner fin a su embarazo, quien «evaluará la situación y puede solicitar un informe de un psicólogo o de un trabajador social que acredite» si las mencionadas coacciones existen. Entonces, el facultativo actuará en función de estos informes. La medida fue criticada por la Organización Médico Colegial (OMC), ya que podría generar «inseguridad jurídica» al colectivo que será responsable último de la decisión.
En el caso de que las jóvenes de estas edades dispongan del consentimiento paterno para abortar, este puede ser de carácter presencial, acompañando a la joven, o bien puede acudir ella misma con una carta o prueba escrita de que cuenta con el consentimiento paterno. «El consentimiento por escrito puede ir acompañado de una fotocopia firmada del carné de identidad del padre o tutor legal», según explicó la ministra.