Todas las asociaciones pro vida coincidieron en calificar como «parcial» y «pro abortista» al comité de expertos que determinará hasta dónde llegará la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo anunciada por el Gobierno. Incluso alguna de ellas exigió formar parte de esta comisión, por ser las que realmente conocen los problemas de las mujeres que deciden poner fin a su embarazo.
Así, la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, señaló: «Es indispensable formar parte del comité de expertos, porque Provida lleva muchos años al lado de la mujer embarazada y conoce sus problemas antes, durante y después del embarazo». Latorre se mostró partidaria de buscar expertos que no tengan intereses económicos ni políticos en la práctica del aborto, «de modo que arrojen luz sobre la realidad médica, psicológica y social».
Por su parte, el nuncio apostólico en España, Manuel Monteiro de Castro, recordó que para la Iglesia la vida humana es «intocable», y agregó que eliminar una vida humana es «siempre muy malo».
Más contundente se mostró Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, quien aseguró que la comisión asignada es «completamente parcial y una pura excusa para disfrazar la decisión del Gobierno de liberalizar absolutamente el aborto detrás de esos denominados expertos». Añadió que le llama la atención que no haya ningún representante de asociaciones que defienden el derecho a la vida.
Mientras que la asociación HazteOir anunció por boca de su presidente, Ignacio Arsuaga, «la convocatoria de una gran movilización social» si el Gobierno amplía el aborto «en contra de la mujer y del derecho a la vida», el director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, Justo Aznar, calculó que la nueva ley duplicará el «número de abortos en nuestro país, donde actualmente se superan los 100.000». También calificó a la nueva normativa de «machista» y concluyó: «Va a favorecer a los hombres que mantienen relaciones sexuales con mujeres y que después quieren librarse de las obligaciones que pueden tener si de esa relación se deriva un embarazo».
Todos estos argumentos chocan con la opinión del doctor Javier Martínez Salmeán, un médico especialista que forma parte de la comisión de expertos presentada el jueves por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. El jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés manifestó que la ley de interrupción del embarazo se ha quedado «un poco antigua» y «chirría en algunas situaciones, como en algún abuso de la indicación psiquiátrica».
Igual en todo el país
Martínez Salmeán se mostró partidario de que sea la mujer la que decida sobre la interrupción del embarazo en la primera fase de gestación, «sin la intermediación de otra persona». Añadió que debe caminarse hacia una ley «consistente, que no tenga fisuras, que dé seguridad jurídica a los médicos y a las mujeres, y que tenga equidad en su distribución». Mientras que la vicepresidenta primera, Fernández de la Vega, destacó que será una ley que mejorará las condiciones en las que se realizan las interrupciones del embarazo, el presidente del PP, Mariano Rajoy, tachó a esta medida anunciada de una «maniobra de distracción del Gobierno para no responder ante la crisis económica.