Los representantes de ACAI volvieron a acusar ayer a la Comunidad de Madrid de protagonizar «una persecución objetiva» contra sus clínicas desde enero del 2007, cuando se presentó en los juzgados una denuncia por presunta mala gestión de los residuos biosanitarios por parte de los centros abortistas madrileños.
Desde entonces, aseguran en ACAI, la Comunidad de Madrid pide a los centros autorizados para la interrupción del embarazo que le envíen una copia del informe psiquiátrico de las mujeres que abortan, así como otro con el contenido de los residuos biosanitarios que guardan tras la intervención de cada cliente, algo que, dice esta asociación, solo se solicita en Madrid.
«No vamos a dar nada», pues «conculcaría el derecho a la confidencialidad, protegida por la ley», reiteró Marisa Castro, portavoz de la clínica Isadora y vocal de ACAI, a las mujeres que acuden a sus centros. ?Lo que no descartaron fue emprender medidas judiciales, por la vía de lo contencioso- administrativo, contra el Gobierno de Aguirre.
De momento, está prevista una reunión mañana con la directora general de Calidad de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, a quien exigirán la apertura de la clínica cerrada en esta región por temas administrativos.