Multas de hasta 15.000 euros para los padres que agredan a los profesores en Galicia

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO

EDUCACIÓN

Un aula de un colegio de A Coruña en una imagen de archivo
Un aula de un colegio de A Coruña en una imagen de archivo CESAR QUIAN

Los alumnos podrán ser expulsados del centro de forma permanente sin posibilidad de volver a matricularse en él. El sindicato CSIF valora la reforma, que ve «urgente» ante la «proliferación de conductas violentas contra los docentes»

13 oct 2026 . Actualizado a las 20:15 h.

La Xunta podrá sancionar con multas de 300 a 15.000 euros a los padres de alumnos que agredan a sus profesores. Esas sanciones serán compatibles con otras responsabilidades penales y civiles. El nuevo régimen sancionador forma parte de una reforma legislativa para reforzar la convivencia en los centros educativos. La normativa formará parte de la ley de acompañamiento de los presupuestos, que el Gobierno gallego enviará al Parlamento durante los próximos días.

El objetivo del cambio es proteger al profesorado, para lo que además de sanciones económicos se prevén otras medidas como la limitación temporal de acceso al centro, a actividades extraescolares o a los canales de comunicación con los docentes.

El cambio introduce una nueva vía de protección propia a nivel administrativo. De esta forma, la tarea de protección de los profesionales deja de depender solo de los centros educativos o, en los casos más extremos, del sistema penal.

El nuevo régimen sancionador distingue infracciones de tres clases en lugar de dos: leves, graves y muy graves.

Además de introducir la categoría intermedia, el texto actualiza las conductas más extremas, que incluirán «as agresións, actos violentos, ameazas ou coaccións susceptibles de causar un prexuízo grave, actos graves de discriminación, vexación ou humillación, manifestacións graves de odio, violencia de xénero e sexual, acoso e ciberacoso, gravación e publicación ou difusión de contidos que vulneren gravemente a honra, a dignidade a intimidade ou a propia imaxe».

Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, tras el Consello de la Xunta
Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, tras el Consello de la Xunta Xoán A. Soler

Medidas para los estudiantes

La regulación cubre el uso de Inteligencia Artificial para crear contenidos que vulneren esos derechos, y refuerza la corresponsabilidad del alumnado, al incluir entre sus deberes la comunicación al centro de esas conductas.

La normativa no solo afecta a los padres, también a los alumnos. No se les impondrán sanciones económicas, pero sí se establece la suspensión de asistencia al centro o el cambio de grupo. En situaciones de acoso o ciberacoso se impondrá con carácter general el cambio de centro en la enseñanza obligatoria o, en las restantes enseñanzas, la pérdida del derecho a seguir escolarizado en el mismo centro. La normativa abre la puerta a que esas medidas se apliquen de forma permanente, lo que evitará la vuelta del infractor al centro.

Las medidas se aplicarán a través de la nueva Oficina de apoio ao profesorado, que tendrá entre sus fines proteger a los profesores y reforzar su reconocimiento legal como autoridad pública.

El servicio ofrecerá asesoramiento y orientación a los profesionales, incluyendo asistencia jurídica en casos necesarios. La oficina cubrirá agresiones, amenazas, situaciones de acoso y ataques físicos o a través de las redes sociales por parte de familiares de alumnos o de sus representantes. También acompañará a los docentes en los procedimientos de denuncia.

El plan también potencia figuras como las aulas de convivencia inclusiva, orientadas a la reincorporación del alumno al aula lo antes posible.

Según las encuestas bianuales que la Xunta hace en los centros educativos, el 88 % de los encuestados consideran que no hay conflictos de importancia o que solo se producen de manera puntual. El objetivo del plan, incluido en el nuevo Marco galego de impulso educativo, es fortalecer el clima de respeto, responsabilidad y convivencia en las aulas, explicó Diego Calvo. El conselleiro de Presidencia sustituyó al frente del Consello de la Xunta a su presidente, Alfonso Rueda, que se trasladó a Bruselas para participar en el Comité de la Regiones de la Unión Europea.

El sindicato CSIF valoró el anuncio de la reforma porque van en línea con sus reclamaciones para que se reconozca de forma efectiva la «autoridad docente y el respaldo institucional al personal». La central recordó que en los últimos años han recibido constantes denuncia que constatan «la preocupante proliferación de conductas violentas, acoso, ciberacoso y faltas de respeto hacia el profesorado». En consecuencia, consideran «urgente y necesario que se proteja la salud laboral y la dignidad de los profesionales de la enseñanza con herramientas jurídicas efectivas». Por lo que estarán vigilantes durante el trámite del texto con el fin de que las sanciones y los nuevos mecanismos de apoyo «se apliquen y contribuyan a garantizar entornos escolares seguros para toda la comunidad educativa».

Los sindicatos están de acuerdo con la medida, pero dudan de que se vaya a implantar

Las organizaciones sindicales del sector educativo en Galicia compartieron sus reacciones tras ser consultadas por Europa Press a raíz del anuncio de la Xunta sobre la reforma de la normativa de convivencia escolar y protección docente. Mientras CSIF, ANPE, CC.OO. y UGT valoraron de forma positiva que se articulen medidas dirigidas a respaldar la autoridad del profesorado, CIG-Ensino ha calificado de «publicitaria» la imposición de multas por agredir a docentes.

CC.OO. y UGT reclamaron que el desarrollo de la norma pase por las mesas de negociación y tanto ANPE como CSIF han exigido garantías para que la protección sea «real y efectiva». «Espero que tengan decencia de pasarlo por la Mesa Sectorial antes de aprobarlo. Nos gustaría saber con detalle en qué consistirían estas medidas», aseveró Cristóbal Salgueiro, de UGT. «Entiendo que hace falta una modificación normativa, está bien que se actualice y se de una mayor cobertura al profesorado», añadió.

El representante de CC.OO. Borja Campos, explicó que ellos tampoco recibieron «ningún borrador» del texto regulador y que todo lo que pueda opinar se basa en la nota de prensa difundida por el Ejecutivo gallego sobre este asunto. Con todo, valoró positivamente que haya medidas de protección al personal docente.

Fue Laura Arroxo, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, la que se mostró más escéptica ante el anunció que, según dijo, la dejó «muy sorprendida». Insistió en que es necesario atajar el problema antes de recurrir al cambio de centro del estudiante y señaló que en villas con poca población esta opción «no es realista» al no disponer de alternativas y afirmando que «la solución no está en cambiar la pelota de una portería a otra».