Podrá ser solicitado a los tres meses de la boda y sin alegar causas justificatorias Introduce la custodia compartida aunque no haya acuerdo por parte de los padres.
29 jun 2005 . Actualizado a las 07:00 h.Tras 24 años de vigencia, la ley del Divorcio ha sido reformada. El Congreso modificó ayer algunos de sus puntos claves para agilizar y abaratar un proceso que sólo el año pasado fue utilizado en España por 82.340 parejas. La ley será efectiva al día siguiente de su publicación en el BOE, un plazo que normalmente suele producirse a la semana siguiente de su aprobación en las Cortes. Si todo va bien, en un par de semanas podrá ser utilizada por las parejas que así lo decidan. La reforma de esta ley fue una de las primeras iniciativas de Zapatero dentro de su política de ampliación de los derechos sociales. El 17 de septiembre del 2004, apenas cuatro meses después de su llegada a La Moncloa, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto que ayer fue ratificado de forma definitiva. Aquel texto fue examinado por el Consejo General del Poder Judicial, que lo respaldó en líneas generales pero no en su totalidad. El dictamen defendía la necesidad de que en los divorcios sin mutuo acuerdo se exigieran causas para la ruptura, pero el Ejecutivo no aceptó la sugerencia?y mantuvo su criterio de no tener que alegar motivos para divorciarse. La vicepresidenta del Gobierno lo dejó claro: «si nadie te pregunta por qué te casas, nadie te debe preguntar por qué te divorcias». Pocas modificaciones Así las cosas, el proyecto de ley de reforma del divorcio fue aprobado el 26 de noviembre del 2004 y posteriormente remitido al Congreso, donde su contenido se modificó levemente al incorporarse varias enmiendas. En su paso por la Cámara Baja se suprimió la obligación de que los hijos mayores de 12 años comparezcan ante el juez; se incluyó la creación de un fondo estatal para hacer frente al impago de alimentos reconocidos en favor de los hijos menores y se estableció la posibilidad de que los cónyuges suspendan el proceso de divorcio para someterse a la mediación familiar, una fórmula que el Gobierno deberá regular por ley. Además, se aprobó una propuesta por el PNV que introdujo en el texto un hito histórico para la igualdad. Entre los deberes de quienes contraen matrimonio se incluye, por primera vez, el de compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y la atención de ascendientes y descendientes. Pero sin duda lo más polémico de la ley ha sido, desde el principio, la regulación de la custodia compartida. El texto del Gobierno contemplaba que pudiera concederse «excepcionalmente» a petición de una de las partes, pero que PP, PNV, CiU y CC insistieron en limitarla exclusivamente a los casos de acuerdo entre ambos cónyuges, una opción que también defendían varias asociaciones de mujeres. Además, un error de la diputada de IU-ICV Isaura Navarro en su primera votación en el Congreso propició una redacción confusa de lo referente a la custodia compartida, ya que por un lado exigía el acuerdo de los padres y por otro decía que el juez puede otorgarla sin ese acuerdo. Finalmente, el dictamen del proyecto de ley que aprobó el pleno del Congreso el 21 de abril de 2005 mantuvo la posibilidad de que el juez otorgue la custodia compartida de los hijos sin acuerdo de los padres, aunque el PSOE se mostró abierto a negociar y retocar ese punto en el Senado, que introdujo cambios mínimos.