El Ministerio de Educación sigue pensando que existe una plena constitucionalidad de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), después de que el Tribunal Constitucional admitiese a trámite el pasado lunes un recurso en contra, presentado por PSOE, Izquierda Unida, Grupo Mixto, así como por los Parlamentos de Andalucía y Navarra. La ministra Pilar del Castillo señaló ayer en Santiago su confianza en que el Tribunal lo valore así, y negó que sea un éxito para la oposición el haber logrado la admisión del recurso. Entre los argumentos para presentarlo se recoge que la norma vulnera la autonomía universitaria e invade las competencias autonómicas. Los gobiernos de Castilla La Mancha y Baleares también presentaron recursos. Respecto a la Ley de Calidad, la titular del Ministerio señaló que las medidas encaminadas a disminuir la indisciplina en las aulas se centrarán en potenciar la figura del director y el equipo de dirección. Del Castillo añadió que esta serie de iniciativas pretenden «reforzar sus competencias para que haya más agilidad a la hora de restablecer las normas de convivencia». Religión La ministra de Educación abordó también, tras realizar el último tramo del Camino de Santiago, la necesidad de reforzar aquellas asignaturas que cursan los alumnos que deciden no elegir Religión como optativa. En ese sentido apostó por dotar de más rigor a estas materias alternativas, «porque entendemos que debe aprovecharse ese espacio de tiempo para dar una formación en valores de naturaleza democrática y constitucional», resumió. Donde no precisó fue en el valor que se les concederá a estos contenidos, o qué efectos tendrán a nivel de promoción, «esas decisiones serían posteriores a haber decidido si se refuerzan o no estas materias», resumió. Pilar del Castillo negó que el Ministerio se plantee la posibilidad de convertir la asignatura de Religión en obligatoria, sino que la nueva Ley de Calidad mantendrá su carácter de libre elección. A la espera de que el documento de bases de la nueva normativa estatal inicie su debate parlamentario, la ministra de Educación reiteró la necesariedad de esta legislación que exige «la gran mayoría de la sociedad, y en concreto de los profesores».