La Unión Europea racionalizará los sistemas de gestión y penalizará con rigor la contaminación El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer la directiva (ley comunitaria) de aguas, que obligará a reflejar todos sus costes a partir del 2010. Para consensuar el texto han sido necesarios tres años. Las reticencias de los gobiernos nacionales _sometidos a presiones políticas y económicas_ convirtieron la tramitación del proyecto en una carrera de obstáculos. La Eurocámara ha introducido en el texto final criterios medioambientalistas más rigurosos, aunque insuficientes, a criterio de los ecologistas.
07 sep 2000 . Actualizado a las 07:00 h.FÉLIX SORIA BRUSELAS Los países socios disponen de un plazo de 18 meses para trasponer el contenido de la directiva a las legislaciones nacionales. No obstante, hay aspectos concretos de la nueva ley que tardarán años en ser de obligado cumplimiento. El texto, por ejemplo, obliga a imputar en el precio del agua todos los costes, pero esta medida no será de aplicación forzosa hasta el 31 de diciembre de 2010. En la práctica, esto puede suponer un aumento de las tarifas, aunque siempre en función de cada caso. Criterio De hecho, para calcular los costes medioambientales, la directiva sólo fija un criterio: quien contamina paga. Esta premisa ha merecido críticas, sobre todo por parte de grupos ecologistas, que han alertado contra el riesgo de que las autoridades nacionales caigan en la tentación de lavarse las manos y poner precio a los desmanes, pero sin prohibirlos. Los ecologistas radicales han advertido de que las tarifas que se apliquen a las actividades económicas que contaminen o derrochen agua deben ser suficientemente elevadas como para forzar la implantación de sistemas de producción limpios o que reduzcan el consumo. La directiva sancionada por la Eurocámara también prevé la erradicación de las sustancias contaminantes (incluidas las empleadas en la agricultura). Este objetivo fue considerado inabordable por el Consejo de Ministros de los Quince. Sin embargo, los legisladores estiman que la limpieza total de los recursos hídricos comunitarios es posible a 20 años vista, aunque reconocen que la tarea será ardua y suscitará mil polémicas, sobre todo a la hora de aprobar y aplicar leyes y normas nacionales. Los eurodiputados han puesto fecha para lograr ese hito: el 31 de diciembre de 2020.