Bruselas asegura que la deportación de ciudadanos entre países miembros conculca el tratado comunitario La Comisión Europea ha remitido a Alemania un aviso motivado _que es la fase previa a la presentación de una denuncia judicial_ por violar el Tratado de la Unión al expulsar a varios grupos de nacionales italianos alegando razones de orden público. La iniciativa del Ejecutivo responde a un principio unívoco, según el cual las leyes que regulan la estancia de extranjeros en territorio alemán _al igual que las del resto de países de la UE_ no serían aplicables a los ciudadanos de otros países socios.
11 jul 2000 . Actualizado a las 07:00 h.FÉLIX SORIA BRUSELAS. Corresponsal La tesis que defienden los servicios jurídicos de la Comisión Europea obligará a corto o medio plazo a regular y armonizar las leyes y normas nacionales de los Quince que permiten expulsar de forma inmediata y por vía administrativa a los hooligans violentos. A esta medida tuvieron que recurrir las autoridades belgas y holandesas con motivo del último campeonato de Europa de selecciones nacionales para poner coto a los desmanes que protagonizaban decenas de hinchas ingleses. La iniciativa adoptada ayer por Bruselas es fruto de más de 70 requerimientos remitidos por el Parlamento de Estrasburgo al Ejecutivo, mediante los que exige soluciones para distintos y variados conflictos en materia de libre circulación de personas. Entre los contenciosos estudiados por la Eurocámara destacan los que periódicamente genera la actitud del gobierno regional de Bade Wurtemberg (al sur de Alemania). Las autoridades de ese land recurren sistemáticamente a la deportación administrativa para librarse de la presencia de grupos de visitantes ocasionales _casi siempre de nacionalidad italiana_ a los que la Policía califica de gamberros, delincuentes o alborotadores. Con fecha 19 de julio de 1999, la Comisión Europea ya advirtió a Alemania de la necesidad de solventar el contencioso. Bruselas instó a Berlín a que informara de las leyes y normas administrativas que a su criterio amparan aquellas expulsiones. Los juristas de la Comisión Europea insisten en que la deportación de nacionales entre países socios debe ser una medida administrativa _e incluso judicial_ de carácter excepcional y rigurosamente regulada. Bruselas reclama que la necesidad de la expulsión esté probada cuando se aleguen razones de orden público y, en todo caso, que la medida sea la única solución para evitar un mal previsible.