Las federación vecinal del rural de Santiago reclama los servicios básicos que lastran su desarrollo

r. m. SANTIAGO / LA VOZ

SANTIAGO

PACO RODRÍGUEZ

Denuncia la situación «lesiva e discriminatoria» de los suelos calificados como urbanos y pide una solución para Miramontes

29 jul 2021 . Actualizado a las 17:16 h.

La Federación de Asociacións Veciñais do Rural (Ferusa) reclamó ayer la dotación de los servicios que la ley exige para los suelos de ese ámbito con calificación de urbano, un compromiso recogido en el Pacto polo Rural, recuerda, pero del que nada saben y cuyo incumplimiento está generando una situación «moi lesiva e discriminatoria» para los suelos de las ordenanzas 6, 6A, 6B y 11. Según Ferusa, la edificación en esas ordenanzas exige la garantía de que el promotor se comprometa a engancharse a los servicios de la red pública cuando esta exista, lo que conlleva la contratación de avales bancarios «cuantiosos e de duración indeterminada», cuando debería bastar, defienden, con un documento formal.

Pero también cuestionan duramente, por «abusiva e totalmente inxusta», la exigencia del Concello de que sea el propietario el que lleve a cabo las obras de instalación de redes públicas desde distancias de 500 metros o más, lo que les obliga a afrontar costes «moi elevados», de hasta 90.000 euros o más, según presupuestos dados por Viaqua, apuntan.

«Iso é inasumible», sostiene la federación que preside Cruz Vázquez, que culpa además directamente al Ayuntamiento de las situaciones de «ilegalidade» que provoca esta situación, toda vez que la carencia de los servicios exigidos en esos suelos supone que no se otorgue licencia de primera ocupación o certificado habilitante para las edificaciones.

Esas ilegalidades, denuncia la federación, tienen como base «o incumprimento da lei polo propio Concello, en canto que ten obriga de implantar os servizos esixidos pola condición de solo urbano». Y su consecuencia es que impiden, dice, el desarrollo económico y de actividades de interés en esos ámbitos, lo que, a la postre, limita el asentamiento de población.

Ferusa invita a la corporación municipal a buscar «unha solución inmediata» a esta situación, que «non deixa que vexamos con claridade a igualdade no respecto aos dereitos da cidadanía». Y no solo no la ven, sino que consideran esta situación discriminatoria con el rural, sobre todo cuando el IBI de esas ordenanzas está en valores «como se contase cos servizos, e non se bonifica a súa carencia».

La federación vecinal reclama un rural «digno e integrado» y observa que los pasos de vacas, como el estrenado estos días en la Praza Roxa, no son el medio para dignificarlo. Y plantea que una salida a parte de sus carencias podría ser la de compartir medios con los municipios limítrofes, cuya dotaciones «botamos de menos». También muestra su disconformidad con el cobro por la recogida de basura en lugares que carecen de abastecimiento de agua, teniendo en cuenta, además, que el servicio «é moi deficitario en frecuencia e dotación de medios».

Insiste además en denunciar las molestias que genera al rural el vertedero de Miramontes, incluso con sentencias favorables «ás nosas reivindicacións», y demanda a los organismos competentes «medidas contundentes».