La causa de los trabajadores de las distintas empresas que operan en Lavacolla ha logrado poner de acuerdo a los cuatro grupos políticos con representación en el Concello. Es un consenso inusual, porque hasta ahora los precedentes se han limitado a ámbitos más proclives a alumbrar la unidad, como la repulsa de la violencia machista. Y es una comunión insólita, en tanto que se da en el plano de unas reivindicaciones muy concretas, y probablemente justas, de empleados de empresas privadas.
Lo que ha llevado a los cuatro grupos a aparcar las hostilidades en plena campaña de las generales, y con las municipales a tiro de piedra, es la reivindicación del personal que trabaja en el aeropuerto de que no les cierren la cantina, es decir, de conservar un servicio que les permite acceder a menús y consumiciones a precios sensiblemente más reducidos que los que abona cualquier viajero. Los trabajadores desconfían de la decisión de Aena de licitar por separado los concursos para adjudicar la cantina y el resto de los servicios de restauración de la terminal, ante la evidencia de que el primero de esos contratos pierde así atractivo para los posibles aspirantes. Sus recelos están justificados. En los aeropuertos de Tenerife Sur y de Sevilla, por ejemplo, el concurso para explotar la cantina quedó desierto y el personal se ve abocado a pagar el menú a precio de viajero o tirar de táper.
Al margen de que el consenso siempre es digno de aplauso, en Raxoi se han quedado absortos mirando el dedo en lugar de la luna. Porque el problema está en los precios de comer y beber en el aeropuerto. Caros para los trabajadores y caros para los viajeros.