Nunca tan minada estuvo la credibilidad de la Justicia. A todos los niveles. Desde arriba, por los contubernios políticos explicitados con tal descaro que queda en solfa y tambaleándose la columna vertebral del estado de derecho; por no decir los devaneos del Supremo con un asunto tan sensible como el de la fiscalidad de las hipotecas. Y, desde abajo, por la sempiterna endeblez de la administración judicial, atacada por la endémica falta de recursos, que es lo que en el día a día mantiene el abismo que la aleja de los ciudadanos. De huelga en huelga, con los jueces en la calle y los legajos acumulándose por miles en sus mesas, la situación es insostenible. Pero no se arbitran soluciones a la medida del problema, que es como una bola de nieve que crece y crece sin parar. Hay tales carencias estructurales que, juzgado que se crea, juzgado que cae en el agujero negro de los asuntos pendientes. El viernes tomó posesión del decanato de los jueces compostelanos el magistrado Lago Louro con voluntad de ofrecer una cara más humana de este negociado y heredando reclamaciones unánimes para Santiago, en especial la creación de un nuevo juzgado de lo social y otro de familia, sin olvidar las carencias en los de instrucción. La Administración no suele tener a la capital gallega entre sus prioridades para crear nuevos órganos, pero es tal la necesidad que debe afrontarla sin dilaciones, siendo conscientes de que crear más juzgados y acumular ordenadores no es la panacea para la catastrófica crisis de la justicia española si no se reforman los procedimientos, más propios de Montero Ríos, y si no se aísla de la onda contaminante de la ponzoña que engendra tanta política barriobajera.