El Tribunal Supremo ha hecho honor a su nombre y acaba de cometer el más supremo de los errores. Acaba de dispararse en un pie y abrirse una herida que desangrará su credibilidad e infectará la opinión ciudadana sobre la Justicia. Rectificarse a sí mismo para que no sean los bancos los que paguen los impuestos sobre las hipotecas y que sea el cliente el que apoquine hace que nos tiemblen las rodillas hasta a los que tenemos fe en los tribunales españoles más que en cualquier otra institución del Estado. Más allá de consideraciones técnicas, de elucubraciones jurídicas y de justificaciones jurisprudenciales, lo que ha pasado es un control zeta de toda la vida. Es decir, una marcha atrás en una decisión para no molestar a los poderosos. A los bancos, pero también al propio Gobierno, que iba a ver elevado en unas cuentas décimas su déficit si las comunidades autónomas le tenían que devolver a los titulares de hipotecas lo que habían pagado de impuestos en la operación. El resultado es que usted y yo nos quedamos con cara de tontos y con la absoluta convicción de que hemos jugado al póker con un tahúr que nos ha hecho trampas porque esa es su naturaleza, la de timarte. Habremos perdido la partida, pero el Supremo se ha dejado en el lance muchas plumas y casi toda, por no decir toda, su credibilidad. No sé qué vamos a responder ahora todos los que confiábamos en la Justicia a esas hordas de populistas que nos aseguran cada día que vivimos en un reino bananero y fascista que no respeta los derechos humanos y que lo hace todo mal. Hoy, todos los que nos hemos partido la cara por nuestra democracia nos hemos quedado con un palmo de narices y una suprema cara de tontos.