No hubo acuerdo: la huelga de Xustiza continúa

Xurxo Melchor
Xurxo Melchor SANTIAGO

SANTIAGO

PACO RODRÍGUEZ

La Xunta ofrece 105 euros más al mes para todos los trabajadores y cobrar parte del aumento este año, pero los sindicatos ven la propuesta «aínda moi lonxe» de sus pretensiones

10 mar 2018 . Actualizado a las 14:37 h.

Nueve horas de intensa negociación no han sido suficientes para que los sindicatos acepten desconvocar la huelga indefinida que desde hace ya más de un mes mantiene casi paralizados los juzgados gallegos. Y eso que, al menos en opinión del Gobierno gallego, han terminado por aceptar una parte importante de las reclamaciones de los trabajadores.

La Xunta desbloqueó este viernes dos cuestiones que, en materia salarial, los sindicatos consideraban irrenunciables. La primera, que parte del aumento de los sueldos se haga efectivo ya este año, algo a lo que se había negado Xustiza pero que ahora ve posible una vez que Madrid acaba de hacer lo propio en el acuerdo alcanzado para subir un 9 % en tres años el sueldo de todos los funcionarios del Estado. La segunda, que el incremento sea lineal, es decir, que no haga distinciones entre los tres diferentes cuerpos que, además de los forenses, hay en la Administración de Justicia: gestores, tramitadores y de auxilio.

La última de las tres ofertas distintas que este viernes presentó la Xunta al comité de huelga suponía un incremento de 105 euros al mes para todos los trabajadores en el complemento autonómico transitorio (CAT), que es actualmente de 445 euros y que por lo tanto quedaría situado en 550 euros mensuales. Para el Gobierno gallego, esta oferta cumple con el mandato del Parlamento al situar a los funcionarios de Justicia de la comunidad en la media del Estado. Atendiendo a las tablas que han presentado los propios sindicatos, supondría ascender al séptimo puesto de los 13 territorios -las comunidades con las competencias transferidas y las que gestiona el ministerio- en lo que a los gestores se refiere y al cuarto en los de tramitadores y de auxilio.

Los sindicatos no lo ven así y tras la reunión advirtieron que esos 105 euros más al mes están «aínda moi lonxe» de sus pretensiones. El comité de huelga acusa a la Xunta de «manipular as cifras» y asegura que algunas comunidades ya han llegado a acuerdos que mejorarán en los próximos años sus complementos autonómicos y que otras, como Aragón, Cataluña y las cinco que gestiona el ministerio -Extremadura, Murcia, Baleares, Castilla y León y Castilla-La Mancha- van a iniciar inmediatamente negociaciones para mejorar también su situación actual. «A folga continúa porque a Xunta, lonxe de facer o esforzo que se lles está pedindo desde todos os eidos [...] está subindo moi pouco as cantidades», señaló Manuel Díaz Mato, portavoz del comité de huelga y miembro de UGT.

Las organizaciones sindicales dicen que su voluntad de llegar a un acuerdo quedó clara en las nueve horas de conversaciones.«Xa que nós baixamos máis as nosas pretensións do que eles subiron a súa oferta», añadió Díaz Mato. Los funcionarios partían de una petición de subida lineal para todas las categorías laborales de 225 euros al mes, que al final del día se había rebajado a 190.

El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, no comparte esa opinión y recalca que de los cinco puntos que formaban la reclamación de los trabajadores tan solo se discutió durante las nueve horas sobre la subida salarial, que es a su juicio el único en el que sigue el desacuerdo. «Nós estivemos buscando o promedio de todas as comunidades autónomas e dando unhas cantidades que situarían aos funcionarios por riba da media. Serían 1.260 euros máis para todos os traballadores e que suporía un incremento en masa salarial do 5 %, que sumado ao 9 % pactado en Madrid para todo o Estado situaríalles no entorno dun incremento do 13 %, que era o que se estaba a reivindicar», aseguró Martín.

Buena voluntad

Pese a la falta de acuerdo, la jornada fue de auténtica negociación y ambas partes así lo destacaron. «Non hai acordo pero si unha boa vontade de negociación e imos seguir tentando clarificar as posturas, aínda que para nós estamos xa a cumprir o que se nos pediu, que é que estean no promedio do ránking das comunidades», señaló el director xeral de Xustiza, que siguió estando acompañado en las conversaciones por el de Función Pública, José María Barreiro, al que los sindicatos llegaron a vetar, y que esta vez sumó a su delegación a la secretaria xeral técnica, Beatriz Cuíña.

Desde los sindicatos se reconoció que la jornada había sido constructiva, en contraste con las dos últimas citas que a su juicio fueron una pérdida de tiempo, pero reprocharon al Gobierno gallego que no haya puesto fecha para una próxima reunión. «Nos estabamos dispostos a seguir mañá coas conversas, mais o único que nos deron foi un emprazamento sen día que esperemos que sexa o máis cedo posible da semana que vén», afirmó el portavoz del comité de huelga. Al menos, las negociaciones no están rotas, aunque el acuerdo que ponga fin al paro se antoja aún lejano.

Montoro resuelve la reclamación de las bajas laborales

La reclamación que presentaron los trabajadores a la Xunta constaba de cinco puntos, pero dos de ellos eran los más espinosos por afectar a las retribuciones de los empleados. El del aumento salarial vía complemento autonómico transitorio (CAT) es el que ambas partes estuvieron nueve horas negociando sin llegar a acuerdo, pero en conversaciones anteriores había otro que también hacía imposible el entendimiento: los descuentos de entre el 25 y el 50 % que sufren los funcionarios cuando cogen bajas laborales y no son por hospitalización o cirugías.

Ese escollo ya no fue necesario volver a tratarlo porque ha quedado solventado de un plumazo gracias al acuerdo al que ha llegado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los sindicatos de los funcionarios de la Administración del Estado, que anula estos descuentos por incapacidades temporales y devuelve a los empleados a la situación de la que disfrutaban antes de los recortes que trajo la crisis económica, que ahora se da por superada.

Los sindicatos señalaban estos recortes como una muestra inmejorable de la discriminación que aseguran sufren los funcionarios de Justicia en Galicia, ya que no las padecen en los otros territorios y tampoco ni jueces ni fiscales ni secretarios judiciales. «Pégannos unha gripe e, mentres nós temos que seguir traballando ou nos descontan o soldo, eles poden quedar na casa», señalaban a modo de ejemplo los portavoces del comité de huelga.

Sustituciones

Otro de los puntos de la reivindicación era el relativo a que los trabajadores que ahora hacen sustituciones de compañeros de categoría superior no cobren el mismo salario que el sustituido. Una circunstancia que para los sindicatos también resulta claramente discriminatoria y que todo apunta a que ahora quedará solventada pese a que no se habló de ella en las negociaciones de este viernes. La Xunta estima que no habrá problema para aceptar esta reclamación.

También son optimistas en la pretensión de convertir las plazas de refuerzo con contratos temporales en indefinidas. Menos posibilidades hay de que los funcionarios de Justicia gallegos recuperen las cantidades que les recortaron de sus salarios con los decretos anticrisis y que, según sus cálculos, fueron de 10.000 euros para los forenses, 5.000 para los gestores, 3.800 para los tramitadores y 3.400 para los de auxilio.No obstante, los sindicatos quieren que parte de estas cantidades se vean resarcidas con el aumento del complemento autonómico.

Los juzgados y tribunales gallegos recibieron 319.000 asuntos durante el año 2017

PEPA LOSADA

Se registró un descenso en la entrada de asuntos del ámbito penal, y también en el del contencioso-administrativo

j. m. p.

Los juzgados de Galicia ingresaron durante el año pasado 319.765 asuntos, lo que supone una disminución del 4,4 % respecto al año 2016, cuando entraron 334.410 casos. Así lo refleja el informe Situación de los órganos judiciales en el año 2017, que hizo pública la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. En el conjunto de España, el número de asuntos ingresados experimentó un incremento del 1,14 %. En cuanto a la resolución de casos en el año 2017, los juzgados y tribunales gallegos resolvieron 314.306 asuntos, y al final del ejercicio quedaron en trámite 127.810 asuntos, un 3,3 % más que en año 2016.

Los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial indican que en Galicia se registró un descenso en la entrada de asuntos del ámbito penal, y también en el del contencioso-administrativo. Por el contrario, aumentaron los casos ingresados en la jurisdicción social y, en especial, en la civil.

En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados en Galicia fue de 121.667 el año pasado, lo que supone un aumento del 4,7 % respecto al mismo período del año anterior. En ese incremento han tenido un papel relevante las demandas registradas en relación con contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario es un persona física, como es el caso, por ejemplo, de las cláusulas suelo.

En el ámbito de la jurisdicción civil se resolvieron el año pasado 113.186 asuntos, quedando en trámite 61.537, lo que supuso un 14 % más que a finales del 2016.

Menos casos en penal

En la jurisdicción penal se registraron 158.040 asuntos en los órganos judiciales gallegos, lo que supone un 11% menos que en el 2016. El número de asuntos que se resolvieron fue de 159.446, y el de los que quedaron pendientes al final de año fue de 36.862.

La jurisdicción contencioso-administrativa dio entrada en Galicia a 8.816 casos el año pasado, lo que supone un descenso interanual del 11,7 %. Acabaron resolviéndose 9.571 casos y quedaron en tramitación 5.769, aproximadamente un 9 % menos que en el 2016. Por último, la jurisdicción social experimentó una subida en la entrada de procedimientos, ya que los 31.242 ingresados representan un 1,9 % más que los que fueron ingresados el año anterior. En la jurisdicción social se resolvieron 32.103 expedientes y quedaron en trámite al final del ejercicio 23.642.

La tasa de litigiosidad en Galicia fue de 118,1, lo que la situó en el año 2017 por debajo de la media del conjunto del Estado, que fue de 126,1 asuntos por cada mil habitantes. Mientras que en lo penal y lo contencioso la tasa de Galicia está por debajo de la media, en la jurisdicción civil es bastante más alta, y sobre todo en la jurisdicción social: del 11,5 frente al 8,7 de media estatal.

Canarias, la de más litigios

En el conjunto de España entraron en los juzgados 5.873.689 asuntos durante el 2017. Se resolvieron 5.748.410 asuntos, un 4,3% menos, y han quedado en trámite 2.379.293 asuntos. La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado fue de 126,1 asuntos por cada mil habitantes.

Las comunidades con una tasa de litigiosidad superior a la media nacional son Canarias (con 164,5 asuntos por mil habitantes), Andalucía (145,1), Baleares (138,6), Cantabria (129,6), Asturias (128,7) y Murcia (128). En el lado contrario, con una tasa de litigiosidad más baja que la media del Estado se situaron La Rioja (85,4), el País Vasco (93,5) y Navarra (94,3).