El Partido Popular insta al Concello a agilizar la devolución de las plusvalías
SANTIAGO
El grupo municipal del Partido Popular pide al Concello que agilice la devolución de las plusvalías y que articule las medidas necesarias para identificar al número de personas afectadas por el cobro indebido de este impuesto municipal, que tendría un impacto para Raxoi de menos de 3 millones de euros, según sostienen los populares.
«Non dispoñemos de estimacións da repercusión en Santiago e esa é unha das cuestións que debería abordar o Concello», afirmó ayer el portavoz del PP, Agustín Hernández, que explicó que no se sabe cuántas personas en Santiago tuvieron que pagar el impuesto de la plusvalía, a pesar de hacer una venta a la pérdida. Es por eso que los populares solicitan que se ejecute un estudio del número de afectados y de las cantidades que fueron recaudadas por ese concepto.
El portavoz del PP, que afirmó que llevará la iniciativa a pleno en septiembre, también pedirá al Concello que inste al gobierno español a realizar una posible compensación a los concellos afectados, «tendo en conta que a regulación é de carácter estatal». Además, sostuvo que el impacto en los presupuestos del Concello no será sustancial y que, aunque no se tenga constancia por el momento de ninguna compensación, deberán comenzar cuanto antes con el proceso de devolución.
Los populares también remarcan la relevancia de este problema, que afecta a 51 concellos en el caso de la provincia de A Coruña y un total de 8.100 personas, según las cifras proporcionadas por Tinsa.
El alcalde, Martiño Noriega, señaló al respecto que la hacienda local ya está procediendo a los cálculos para saber la cuantía exacta que se tendrá que devolver, pero destacó que «non será tan grande como noutras cidades» y que se presentarán las cifras en cuanto se tengan cuantificados los afectados. En cuanto a una posible compensación del gobierno estatal, Noriega indicó que se solicitarán este tipo de ayudas en el caso de que se ofrezcan y recordó que el problema no es exclusivo de Santiago.
En febrero pasado, el Tribunal Constitucional declaró ilegal el cobro de este impuesto en las operaciones en las que no se produce un incremento de valor de la vivienda. En toda la comunidad gallega el problema afecta a unas 18.300 personas desde el año 2013, que es la fecha tope para reclamar una devolución del impuesto que prescribe a los cuatro años cuando se abona en régimen de autoliquidación.