En su plan para sanear las cuentas públicas, el Gobierno, además de recetar una subida de impuestos en el tramo inicial de la legislatura, se ha afanado en estos cuatro años por cerrar alguna de las vías de agua que, en forma de beneficios fiscales, dejaban escapar año a año una porción nada desdeñable de la recaudación. El ejemplo más claro es el de la deducción por inversión en vivienda habitual, la gran bonificación del impuesto de la renta. En un país donde la vivienda solo se concebía en propiedad, y en plena burbuja inmobiliaria, hasta 6,6 millones de contribuyentes del impuesto de la renta, de los 19,4 que ese año tributaron por IRPF (más de una tercera parte del total), se dedujeron en su declaración parte de la cuota hipotecaria. En total, el descuento alcanzó ese año los 5.418 millones de euros, con una media de 816,3 euros por persona.
Pero el pinchazo de la burbuja y el cierre total del grifo del crédito en los años más duros de la crisis financiera complicaron el acceso a la vivienda y, por ende, redujeron el número de beneficiarios de esta deducción. En el 2011, el último año de la anterior legislatura, los beneficiaros de la deducción por inversión en vivienda habitual ya se habían reducido en más de 800.000, hasta los 5,8 millones, y el importe de la desgravación, en más de mil millones, hasta 4.244.
Si ese era el punto de partida de la legislatura, la decisión del Gobierno de suprimir la deducción para las operaciones suscritas desde el 1 de enero del 2013, ha acelerado esa caída. En el 2013, último ejercicio del que hay datos cerrados, fueron 4,9 millones de contribuyentes los que se aplicaron este beneficio fiscal (tres cuartas partes de los que lo hacían antes de la crisis) y la cuantía total de este ascendió a 3.440 millones (un 36 % menos).
Si en ese primer año sin nuevas deducciones se notó ya la intensificación de la caída, esta se ha acentuado en los años siguientes. Tanto, que en la memoria de beneficios fiscales que acompaña los Presupuestos para el próximo año, el Gobierno prevé que el número de beneficiarios se quede ya por debajo de los cuatro millones (3,9), un tercio menos que al inicio de la actual legislatura, mientras que la cuantía de la bonificación, al menos en el tramo estatal, caerá un 26 %.