Siete bancos se compromenten con la Xunta a prevenir los deshaucios

Mario Beramendi Álvarez
MARIO BERAMENDI SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO

Buscarán acuerdos para reestructurar la deuda y evitar la ejecución hipotecaria

07 oct 2013 . Actualizado a las 16:29 h.

El programa Reconduce, impulsado por la Administración gallega para prevenir los desahucios, ha empezado esta mañana su andadura con la firma de un protocolo entre siete entidades financieras -Banco Pastor, Caixa Rural Galega, Banco Etcheverría, Banco Caixa Geral, Novagalicia Banco, Banco Popular y Bankinter- y las consellerías de Facenda y Traballo. De esta forma, los bancos se compreten con el Gobierno gallego a buscar acuerdos de reestructuración de la deuda en aquellos casos en que sea preciso, de forma que se evite la ejecución hipotecaria y, en consecuencia, la pérdida de la vivieda.

La Xunta y las entidades también mantendrán un proceso continuo de intercambio de información para tratar aquellos casos de mayor riesgo por situaciones de sobreendeudamiento que puedan conducir a la insolvencia. El plan impulsado por la Xunta busca impulsar el asesoramiento jurídico y económico de las familias para evitar los desahucios, tal y como han destacado esta misma mañana las titulares de Traballo y de Facenda, Beatriz Mato y Elena Muñoz.

Mañana se formalizará un segundo protocolo con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) porque una parte del trabajo del programa, relativo al asesoramiento social y laboral, tendrá como punto de apoyo a los ayuntamientos. Para la puesta en marcha del plan se abrirá un centro de información en Santiago, una oficina que estará operativa desde el próximo 15 de octubre. La previsión es que pueda atender a unas 600 personas a lo largo del próximo semestre, según los cálculos hechos por la Xunta.

El programa Reconduce completa el convenio de colaboración suscrito ya por la Xunta y el Consejo General del Poder Judicial para la adopción rápida de medidas con las familias objeto de un deshaucio. En virtud de este pacto, el juez puede suspender la ejecución del desahucio durante diez días, de manera que los servicios sociales tengan tiempo para tomar decisiones que protejan a las familias. Por ejemplo, activar prestaciones económicas, proteger a los menores o buscar una vivienda alternativa. En el marco de este protocolo Traballo está trabajando ya con 12 casos.