La corporación de Ames despidió el mes de agosto con un debate plenario que, como en meses anteriores, estuvo marcado por la creciente tensión política entre PSOE y BNG, personificada respectivamente en Carlos Fernández y Santiago Amor, y con el BNG de Xosé Fernández en un rol conciliador y proclive al entendimiento con sus ex socios de gobierno.
El principal asunto del día fue la cesión de suelo en la zona de la Travesía do Porto para construir un centro en Milladoiro para la tercera edad, un proyecto apoyado por PSOE y BNG, pero sin que exista ningún compromiso de la Xunta de que esta obra verá la luz.
El proyecto está tan en pañales que el propio regidor amiense, Carlos Fernández, afirmó que el acuerdo de cesión del terreno, tasado en más de 400.000 euros, «non ten máis efecto que poñer o balón no tellado da Xunta». Eso sí, con el matiz de que el terreno no dejará de ser municipal hasta que la Administración autonómica recepcione la parcela para el fin previsto.
El acuerdo no contó con el voto del PP, al que los dos ex socios de gobierno acusaron de ejercer de «parapeto» de la Xunta. El voto en blanco de los populares llegó pese a la advertencia, especialmente del BNG, de que si la apoyaban «a prensa vai titular que Ames aproba por unanimidade a cesión dunha parcela para un centro da terceira idade».
El PP prefirió aferrarse al argumento de que la cesión del terreno era un asunto de lo más espinoso, ya que en febrero presentaron un contencioso judicial acusando al gobierno local de vulnerar sus derechos fundamentales al cambiar el rango jurídico del acuerdo sobre la parcela, una modificación que afectaba al número de votos necesarios para que prosperase. Aquella acusación, que aún está sub iúdice , no cayó en saco roto porque la fiscalía considera que la citada modificación de la propuesta fue «fraudulenta» y afirma que lo ocurrido generó una situación de «precariedad incompatible con el derecho fundamental de participación política de los concejales demandantes».
En base a este informe, el PP pidió al gobierno local que dejase el asunto sobre la mesa hasta que hubiese un fallo judicial. Esta posibilidad no fue aceptada, ya que el alcalde señaló que que la fiscalía es solo una de las partes de la causa y que sea cual sea el fallo inicial siempre será recurrible.
Una nómina envidiable
Acuerdos aparte, las tres horas y media del debate sirvieron para noquear a todos los asistentes con un dato que aportó el PP relativo a una factura pagada por el Concello al asesor jurídico, que por una mañana de siete horas de trabajo, gastos de kilometraje y la redacción de varios informes facturó al Concello más de dos mil euros.
Con la sesión ya terminada, el regidor matizó que la tarifa oficial del colegio de abogados es de doscientos euros la hora y que Ames está inmerso en numerosos procesos judiciales, ya que solamente la constructora Mahía interpuso trece contenciosos en los que el citado letrado es el representante del Concello y que, al tratarse de un contencioso, cada parte del litigio debe asumir las costas.