José Eduardo Castro Carro, un joven de 29 años de Ordes, edad mantiene un litigio con su familia adoptiva para intentar recuperar su capacidad legal para gestionar su patrimonio, después de que el juzgado de Ordes dictase en el año 2004 una sentencia que lo declaró por razones médicas incapaz para gestionar sus bienes.
El proceso comenzó en el año 2003 cuando sus padres iniciaron un proceso judicial para lograr su incapacidad total acudiendo razones médicas al considerar que el joven padecía «un estado de alteración mental que le altera el gobierno de su conducta, habiéndosele diagnosticado trastorno límite de la personalidad».
La petición de incapacidad total no fue aceptada por el fiscal del caso, por lo que la causa se dirimió en un juicio celebrado el 12 de enero del 2004. En el fallo, el juez dictaminó una incapacidad parcial, una consideración que contó con el apoyo de la fiscalía. La resolución se basó en los informes médicos presentados por la familia y elaborados por un psiquiatra que le diagnosticó «un trastorno límite de la personalidad y cuadro de déficit intelectivo ligero o limítrofe, pudiendo autogobernar su persona, pero siendo incapaz de gobernar sus bienes».
A esta conclusión se añadió el testimonio de sus familiares más directos que manifestaron que el joven no era «capaz de controlar el dinero, gastándolo sin medida».
El juez estableció finalmente que José Eduardo Castro Carro quedase sometido al régimen de curatela, siendo nombrados curadores sus padres para la guardia y protección de sus bienes.
Desde entonces, este joven ha emprendido nuevos procesos judiciales y denuncias para intentar recuperar el control de su patrimonio. Como documentación aporta un nuevo informe médico redactado en enero de este año por otro psiquiatra. Este estudio concluye que el paciente declarado incapaz parcialmente «se comunica de manera verbal, su discurso es emitido en tono y velocidad media, llega a metas, éste es coherente y congruente y no se perciben alteraciones en el contenido del pensamiento». En base al dictamen anterior, el facultativo dictamina que «clínicamente no presenta criterios diagnósticos para algún trastorno de la personalidad». Por último, concluye que «de acuerdo con nuestra opinión, el estado mental de Jose Eduardo Castro Carro no impide su adecuado desempeño ni su capacidad de decidir sobre lo que más le conviene para sí mismo y para los demás».
Defensor del pueblo
Con este expediente médico, Castro Carro ha iniciado un nuevo proceso con el objetivo de demostrar su capacidad mental para gestionar su patrimonio y para no tener dependencia económica de su familia. Sostiene que, como consecuencia del tratamiento médico al que fue sometido tras el primer diagnóstico psiquiátrico, vio mermada su capacidad intelectual para defenderse. Además de comparecer en el juzgado de Ordes en febrero de este año para denunciar su situación y hacer un relatorio de los últimos años de su vida, este joven ha remitido un informe a la oficina del Defensor del Pueblo. Esta institución le respondió el pasado 20 de agosto que con esa fecha se abrió un expediente informativo del que se le mantendrá puntualmente informado.
Durante este largo litigio familiar contrajo matrimonio con la modalidad de separación de bienes con Alejandra Carrizales, a la que conoció por Internet y con la que primeramente entabló una relación de amistad. Castro Carro y su esposa señalan que con este nuevo proceso intentan anular una resolución que consideran injusta, llevar una vida normal y ser autosuficientes.
El joven, que vive con su esposa en un piso de Ordes propiedad de su familia, reclama su derecho a tener acceso a los bienes que le corresponden tras el fallecimiento de su padre y dejar de depender de los ingresos que le aporta su madre y que, afirma, suponen cinco euros al día, un importe que considera insuficiente para mantenerse, por lo que sostiene que su situación económica es muy precaria.